El 13 de septiembre de 1985, el país despertó con la trágica noticia del asesinato del doctor Hugo Spadafora. Este hecho estremeció a la sociedad panameña y elevó el nivel de conciencia de toda la población que se organizó en la llamada Cruzada Civilista para protestar contra los abusos del régimen militar.
Este movimiento llamó la atención de la opinión pública internacional y se convirtió en baluarte en la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Poco más de dos décadas han transcurrido y esa misma sociedad no ha podido reaccionar con la misma decisión en contra de la dictadura del crimen organizado que juega con la dignidad y el derecho a la seguridad de la población porque todos los días son mayores las actividades delictivas, el rosario de muertes y violencia sin que se haya podido contener su acción nefasta contra los ciudadanos.
Igualmente, todos los días los medios de comunicación informan sobre la muerte de niños o niñas de nuestros barrios populares, de empresarios o empresarias. Muchas de estas víctimas son el resultado de enfrentamientos entre pandilleros y de sus luchas intestinas, sin ignorar los llamados asesinatos por encargo. El país pareciera estar fragmentado en muchos gobiernos que aplican su ley de acuerdo al grupo o pandilla que impere en el lugar.
Mientras tanto, en Colombia las fuerzas de seguridad realizan acciones contra los capos y sus imperios criminales y en ocasiones han logrado aniquilar a figuras relevantes de la narcomafia como ocurrió con Pablo Escobar Gaviria. Además, las autoridades del país del sur llevan a cabo constantes arrestos y extradiciones de elementos marginales. Pero en Panamá estamos sometidos a los vaivenes de estos grupos.
Es difícil comprender que la Policía Técnica Judicial haya podido ser penetrada por elementos de la delincuencia local e internacional. Los cambios cosméticos que se hayan realizado en esta institución no han resuelto sus problemas, a tal punto esto es así, que a veces pareciera que si desaparece sería lo mejor.
Por otro lado, el Ministerio Público, como escoba nueva que barre bien, ha ganado un respaldo relativo de parte de la ciudadanía, pero el exceso de protagonismo de sus altos funcionarios y los pocos resultados contra el crimen organizado en el transcurso de su gestión, se han convertido un asunto deprimente.
Los antisociales se han tornado más audaces porque retan al país a que actúe y no podemos entender que en un territorio tan pequeño y con una población de apenas tres millones no se pueda ejercer un mayor control sobre las actividades ilícitas.
La obligación de las autoridades es enfrentar el delito y tomar decisiones firmes, a menos que la actividad criminal se haya enraizado profundamente en las instituciones de seguridad pública.
