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En Busca de un nuevo Defensor del Pueblo
Redacción
Crítica en Línea
Todos los entendidos coinciden en el perfil que debe tener el panameño que deba ocupar el cargo de Defensor del Pueblo: un profesional de trayectoria reconocida, temperamento equilibrado, sensibilidad ante los problemas sociales, carácter y -sobre todo-, sin ninguna afiliación política. Pero, ¿quién llena todos estos requisitos? De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa -la instancia que debe convocar a los aspirantes al cargo- hasta ahora 65 panameños creen ser los indicados para la Defensoría del Pueblo. Según la ley 7 del 5 de febrero de 1997, por la cual se crea la Defensoría, quien ejerza este cargo no se encuentra bajo órdenes del Organo Ejecutivo; lo que significa que es un funcionario independiente y con total autonomía. Entre las facultades del Ombudsman están el investigar los actos u omisiones de las autoridades, recomendar anteproyectos de ley en materia de su competencia, realizar estudios con el fin de incorporar normas de derechos humanos en el ordenamiento panameño, atender quejas y mediar en los conflictos entre la administración pública y los particulares. El Defensor del Pueblo goza de inmunidad, por lo que no puede ser arrestado. Su salario es equitativo al de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o sea 10 mil balboas al mes. No obstante, el Defensor del Pueblo no puede ejercer ningún tipo de actividad comercial, y ni siquiera puede laborar como profesor en una universidad. Según Braulio Marmolejo, legislador suplente de Felipe Cano, Presidente de la comisión de Derechos Humanos, estas ventajas y limitaciones deben ser atribuídas a una persona cuidadosamente escogida. El próximo martes, los integrantes de la comisión abrirán oficialmente el período de candidaturas para este puesto. Los requerimientos que los aspirantes deben llenar son los siguientes: ser panameño, estar en pleno goce de sus facultades civiles y políticas, mayor de 35 años, no haber sido condenado por delito alguno, tener solvencia moral y prestigio reconocido, no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad con el Presidente ni con miembros del Gabinete ni con magistrados de la Corte Suprema ni legisladores. Además, la ley 7 indica preferencia por un profesional del Derecho, especialmente si cuenta con post grado en derechos humanos. "El Ombdusman es una persona que debe tener una tranquilidad emocional profunda", estima Marmolejo. Este planteamiento es el fundamento de un nuevo requisito para el próximo defensor: El Certificado de Salud Mental, el cual será incluido dentro de los requerimientos de la ley 7. Por su parte, el legislador Elías Castillo, de la Comisión de Etica, explica que muchos tienen el derecho a aspirar al cargo, pero las cualidades para ejercerlo no la tienen tantos. "Debe ser un profesional que se identifique con los derechos humanos. Debe estar acrisolado en los principios éticos. Es preciso que tenga una conducta familiar intachable, y principalmente con un criterio amplio", dice el legislador. Otro importante valor con que debe contar el elegido -dice Castillo- es el de tener la voluntad de escuchar a todos los sectores. El actual Defensor del Pueblo, Italo Antinori, agrega más ingredientes a la receta: "el Ombudsman debe ser una persona fuerte", dice. "Debe ser un buen mediador, pero también ser un buen peleador por los derechos de los que no tienen nada". Agrega Antinori que en este cargo debe de gozarse de buena salud, debido a los constantes viajes, a veces a lugares recónditos. Según Antinori, quien lo suceda en este puesto debe tener en mente que por la propia naturaleza de su cargo, será visto como una especie de enemigo por otros funcionarios. Y esto -a su juicio- se debe a que el actual sistema democrático de los países latinoamericanos dan prominencia al Organo Ejecutivo, el cual es un poder con mucha fuerza dentro del engranaje gubernamental. "El poder Ejecutivo y Judicial son muy fuertes en nuestro país", asegura Antinori, agregando que al estar al margen de los tres poderes del Estado, el Defensor del Pueblo es visto como un enemigo por servidores de otras instancias. "Como esta es una figura nueva, ésta ha sido incomprendida", dice. Este factor, sumado al hecho de que el 99 por ciento de los más de 5,600 casos de quejas atendidos por la Defensoría son contra servidores públicos, influyen en que el Ombudsman frecuentemente entre en controversia con otros funcionarios. Entre las instituciones que han mantenido conflictos con la Defensoría, Antinori estima que la Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre se lleva el campeonato. "El transporte en nuestro país es un verdadero caos", afirma. De hecho, un defensor sólo puede actuar contra la empresa privada cuando estas provean de un servicio concedido por el Estado, como Cable & Wireless, las compañías de servicio de luz, y consorcios como ICA y PYCSA. "La ciudadanía no tiene instrumentos para controlar algunos de los abusos que cometen los funcionarios del gobierno", dice Italo Antinori, explicando que la Defensoría del pueblo vendría a ser una especie de "Contraloría de los Derechos Humanos". Aunque este cargo representa grandes retos y responsabilidades, muchos lo han identificado como un trampolín para ganar notoriedad; y como un instrumento para lograr en un futuro puestos de elección popular. Asimismo, el hecho de que se establece que el Defensor debe estar fuera de toda influencia política, reduce aún más la lista de candidatos dignos. Uno de los acuerdos secretos del Pacto META entre el PRD y la Democracia Cristiana establecería la escogencia en conjunto de una candidato para defensor del pueblo, aprovechando una mayoría matemática de los legisladores de esta facción en la Asamblea. El ex legislador Milton Henríquez sería la figura elegida por META. Henríquez figuró como potencial candidato cuando se escogió el primer Defensor del Pueblo, pero sus aspiraciones no prosperaron. Henríquez, quien ha sido director de Noticias de RPC y del diario Universal, ejecutivo de banco y ahora administrar un negocio familiar, fue uno de los propulsores de la Ley que creó la Defensoría del Pueblo. Desde el próximo martes, la lista de 65 aspirantes comenzará a reducirse hasta encontrar a esa persona supuestamente idónea para ser declarado Defensor del Pueblo. La Comisión de Derechos Humanos, integrada por los legisladores Felipe Cano, Balbina Herrera, Francisco Ameglio, Teresita de Arias, Carlos Smith, Haydeé Milanés de Lay y Serafín Sánchez, deberá analizar los expedientes y luego hacer su recomendación al pleno. El elegido sería la primera persona en ocupar el puesto en su período total de 5 años, debido a que Italo Antinori, al entregar el cargo, lo habrá ocupado por sólo 3 años y 9 meses.
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