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EDITORIAL
Plan Colombia
Tras los trágicos sucesos acontecidos el domingo en la población darienita de Nazaret, han surgido una serie de recomendaciones por parte de políticos y militares. El común denominador es que en su mayoría se recomienda a Panamá no inmiscuirse en el Plan Colombia, como si la sola expresión de declararnos neutral al conflicto en cuestión, represente una vacuna para salvarnos de la violencia en el país vecino que ya se desborda hacia las naciones fronterizas. Además de Panamá, se han dado ya incidentes con Venezuela y Ecuador. La situación en Bajo Putumayo es más seria, ya se estiman en 2,000 los desplazados colombianos que han ingresado a Ecuador. Hay un terror sicológico sembrado por los paramilitares de autodefensas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde hace meses se viene hablando en Panamá de los efectos que tendría el Plan Colombia en nuestro país, pero se requirió de la tragedia de Nazaret, para desperezar la burocracia estatal. Los legisladores invocan la creación de grupos especiales para custodiar el área limítrofe con Colombia. Acaso no saben que desde hace años opera el Servicio Especial de Frontera. Lo correcto es adecuar a los servicios existentes de la Fuerza Pública con el equipo necesario para una labor preventiva y de vigilancia que evite que los miembros del Frente 57 de las FARC y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá penetren a territorio panameño como Juan por su casa. La mandataria Mireya Moscoso también debe exigir al presidente Andrés Pastrana, que vigile adecuadamente su territorio para evitar que los colombianos violen nuestra soberanía. Esperamos que lo sucedido en Nazaret no se olvide como otros incidentes. Las acciones que se deben tomar tampoco se deben diluir en discursos y explicaciones legislativas. Las labores de inteligencia y vigilancia en la zona fronteriza también son necesarias, para que los policías no sean sorprendidos por ataques de guerrilleros y paramilitares. Las autoridades también deben reforzar sus operativos para evitar que el país sea un puente de suministro de armas para los insurgentes y castigar fuertemente a los extranjeros y nacionales involucrados en este negocio mortal. Ya son repetidas las acusaciones de que algunas autoridades mantienen una convivencia con los irregulares, situación que se debe frenar de una vez por todas. Panamá aunque no lo quiera de hecho está inmerso en el Plan Colombia, lo responsable es adoptar las medidas pertinentes para minimizar los efectos del mismo en nuestro país.
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PUNTO CRITICO |
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