No hay peor cuña que la del mismo palo. César Pereira Burgos y Alvin Weeden formaron parte del grupo que en la campaña de 1999 llevó al poder a la mandataria Mireya Moscoso. Hoy son grandes enemigos.
El contralor Weeden fue quien le vendió la idea al mandatario Martín Torrijos de aplicar la Ley Faúndes a Pereira Burgos y fue así que el onomástico número 75 del magistrado, se le convirtió en toda una pesadilla, luego que la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, dijo que era viable el retiro del presidente de la Corte.
La Ley 61 de 20 de agosto de 1998 establece el retiro obligatorio de los funcionarios que hayan cumplido 75 años, salvo los designados en el servicio exterior, a los que llegan a una posición por elección popular y los docentes de universidades oficiales.
La pugna entre Weeden y Pereira Burgos surge, luego que el presidente de la Corte apoyó en sus fallos al exmandatario Ernesto Pérez Balladares, en la polémica surgida por el contrato de la empresa PECC.
Con la salida de Pereira Burgos, el actual gobernante tendrá la oportunidad de nombrar a cinco magistrados hasta el 2007, ya que el otro año se le vencen los períodos a Rogelio Fábrega y a Arturo Hoyos; en el 2007 a José Troyano y a Graciela Dixon.
Además, hay quienes afirman que hay intenciones de forzar la salida de Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, por la forma cuestionada en que fueron ratificados como magistrados de la Corte.
En medio de todo, la salida de Pereira Burgos ha desatado una guerra de planteamientos jurídicos, entre los que piensan que lo actuado contra el magistrado es inconstitucional y quienes defienden la tesis que el presidente Martín Torrijos actuó en apego al texto de la ley.
El caso de Pereira Burgos es inédito en la historia del Organo Judicial, sin embargo, no es la primera vez que se desata una crisis por la designación de nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia o en el Tribunal Electoral.
Para la década de los años '50, el entonces presidente Arnulfo Arias Madrid designó unilateralmente como magistrado de la Corte Suprema al abogado Publio Vásquez. El nombramiento de Vásquez no fue sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa y luego de una lucha legal entre el Ejecutivo y los detractores de Arias Madrid, la designación del magistrado fue declarada inconstitucional por la propia Corte Suprema.
En el año 1948, la Asamblea Legislativa rechazó la designación de Francisco Filós como magistrado de la Corte. Filós reemplazaría a Víctor Florencio Goytía, cuyo periodo terminaba en diciembre de ese mismo año.
Goytía continuó ejerciendo el cargo amparado en el fenómeno jurídico conocido en la época como "extensión de funciones", situación que perduró hasta febrero de 1949, cuando el presidente Domingo Díaz Arosemena propuso a Enrique Gerardo Abrahams, quien sí recibió la aprobación de la Asamblea.
En años más recientes, en 1987, el presidente Eric Arturo Delvalle designó como magistrados de la Corte a Campo Elías Muñoz y a Kell Harmodio Arosemena. Ninguna de las dos designaciones fueron consideradas por la Asamblea Legislativa.
Posterior a la destitución de Delvalle se escogió como ministro encargado de la Presidencia a Manuel Solís Palma, quien en marzo de 1988 designó como magistrados de la Corte Suprema a Jerry Wilson Navarro, actual presidente de la Asamblea Legislativa y a Dilio Arcia, quienes fueron ratificados.
Tras la invasión, todos los magistrados de la Corte renunciaron. El expresidente Endara afirmó que él no pidió esas renuncias.