El derrocado presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, denunció a través de un mensaje escrito que el juicio de responsabilidades al que será sometido proximamente tiene un fondo político y "no será ecuánime", por la presencia de jueces parcializados con sus acusadores.
"Si una investigación imparcial todavía fuera posible, podremos ver en sus resultados, claramente, el entramado de intereses que se han articulado no sólo para derrocar al Gobierno constitucional a cualquier costo, sino también para herir de muerte al sistema político y económico", afirmó.
Sánchez de Lozada ha sido acusado de genocidio y delitos económicos contra el Estado durante su segundo mandato, que concluyó el 17 de octubre de 2003 tras una insurrección popular.
Según el ex mandatario, sus acusadores y detractores participan en el gobierno de su sucesor Carlos Mesa.
"Me quieren en el banquillo de los acusados", esgrimió en una carta de dos carillas difundida por la oficina de un familiar suyo en La Paz. Admitió sin embargo haber cometido "errores pero nunca de mala fe".
El político se había "autoexiliado" en E.U. apenas fue obligado a renunciar por las duras protestas encendidas tras la matanza, a manos de uniformados, de entre 56 y 80 civiles en la ciudad indígena de El Alto y en las laderas de su vecina La Paz.
"No hay margen para el optimismo en relación a un juicio ecuánime, desprovisto de injerencia política", sostuvo Sánchez de Lozada.
