Comprometida situación del jefe
del ejército en escándalo por venta de armas
Buenos Aires
AP
La justicia allanó
esta noche el edificio del jefe del ejército, general Martín
Balza que quedó ayer en situación comprometida por la venta
ilegal de armas a Croacia al revelarse que tuvo conocimiento de esa operación
en 1992, tres años antes de que estallara el escándalo.
El allanamiento fue encabezado por el fiscal Carlos Stornelli después
de que el diario La Nación publicara ayer un facsímil de documentos
firmados por Balza, en que remite al jefe de estado mayor conjunto información
referida a la presunta presencia de armamento argentino en los territorios
de la ex Federación Yugoslava''.
El fiscal inspeccionó y retiró documentación del
estado mayor conjunto y de la asesoría jurídica del Ministerio
de Defensa, cuyas oficinas funcionan en el mismo edificio. No se dieron
detalles del material secuestrado.
Los documentos, según La Nación, están fechados
el 21 de septiembre de 1992, es decir, tres años antes de que se
denunciara que Argentina había vendido subrepticiamente a Croacia
unas 6.500 toneladas de cañones, armas automáticas y proyectiles,
mientras regía un embargo de las Naciones Unidas contra tales ventas.
No hubo hasta el momento comentario del ejército sobre la publicación
de La Nación.
Las armas fueron vendidas por la empresa estatal Fabricaciones Militares,
mediante documentación que simulaba destinarlas a Panamá.
El gobierno del presidente Carlos Menem intentó hasta ahora mantener
al general Balza apartado del episodio de las armas, en el que aparecen
comprometidos miembros anteriores y actuales del gabinete.
La alianza opositora adoptó una actitud similar, presumiblemente
en atención al prestigio político de Balza, el jefe castrense
que hizo la más profunda autocrítica por las violaciones de
derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante la pasada dictadura.
Balza y el ejército siempre alegaron que ignoraban esa operación,
y que la responsabilidad de esa venta, y de otra posterior a Ecuador, en
pleno conflicto de ese país con Perú, correspondía
a los funcionarios de Fabricaciones Militares y al ministro de Defensa que
refrendó la operación.
Los decretos autorizando las ventas fueron firmados por Menem, los ministros
de Defensa Antonio E. González y Oscar Camilión, el canciller
Guido Di Tella y el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El juez federal Jorge Urso ordenó el procesamiento y detención
del ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, empresario
muy ligado al ex ministro González, quien es ahora titular de la
cartera de Trabajo.
También dispuso el procesamiento de Camilión y pidió
al Congreso que retire los fueros a González, para tomarle declaración
indagatoria.
La nueva revelación sobre Balza podría motivar al juez
a citarlo para que preste declaraciones en la causa.
Los diputados del partido peronista de Menem rechazaron ayer el pedido
opositor para que sea interpelado el canciller Di Tella, también
colocado en difícil situación al revelarse de que fue informado
del envío de armas a Ecuador y no lo impidió.
La alianza opositora pidió la semana pasada la renuncia de González,
solicitud rechazada de plano por Menem. Los observadores estiman que el
propio presidente puede quedar comprometido en esta causa si avanza la investigación.
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