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PROYECTO DE SEGURIDAD ES PRIORITARIO
Instan creación de juzgados y fiscalías
Carlos Estrada
Crítica en Línea
Preocupados por los índices criminales tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) como la Policía Nacional han sumados esfuerzos para tratar por todos medios de disminuir estos actos delictivos mediante un proyecto conjunto denominado "Seguridad: Una Prioridad Nacional". Ezequiel Vargas Garrido, coordinador del proyecto, señaló que el informe presentado refleja una alarmante preocupación por el acelerado incremento en los niveles de criminalidad y delitos varios que se cometen día a día en nuestro país. Sostiene que para nadie es un secreto que este aumento desmedido afecta considerablemente la imagen de Panamá en el exterior y aleja simultáneamente a los inversionistas que durante mucho tiempo han visto en nuestro territorio un blanco seguro para la actividad comercial. La comisión bilateral plantea que se hace urgente establecer los parámetros donde terminan los derechos de un ciudadano y comienzan los derechos de otro. "Acordado lo antes expuesto se hace necesario recuperar los valores cívicos, morales y culturales para convivir bajo el orden y la disciplina social" señaló. Luego de que la comisión estableció los objetivos prioritarios entre ellos, la actualización de la legislación penal, tecnificar la labor de vigilancia y fortalecer la seguridad en las áreas de mayor peligrosidad, entre otras; se decidió dividir la Comisión principal en cuatro subcomisiones de trabajo encargadas de discutir ampliamente la situación que experimentamos. Vargas manifestó que esta ramificación del programa de seguridad facilitarán las discusiones de las recomendaciones hechas por los miembros del CONEP y de la sociedad organizada. Añade además que uno de los factores fundamentales y los agravantes mayúsculos del problema están representados en la falta de presupuesto, la injerencia de la política en los nombramientos de corregidores y jueces nocturnos en la adjudicación de los fondos de funcionamiento para la adecuada administración de justicia, la falta de seguimiento de los expedientes y la carencia de un estudio científico sobre las penas para los delitos de mayor gravedad a efecto de establecer una forma de represión y prevención para disminuir la criminalidad en Panamá.
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