Un bistec de media vuelta debe ser para la defensa de la señora Dalvis Sánchez despedazar el informe de la Contraloría General, que confirmó, según da cuenta un diario local, que la mencionada funcionaria obtuvo un enriquecimiento injustificado porque "utilizó recursos monetarios que superaron los ingresos por ella obtenidos, durante (sic) el 2 de septiembre de 1999 al 1 de septiembre de 2004".
Hace unos días comentaba en este mismo espacio el hecho absurdo de que el flamante Contralor se hubiera gastado varios miles de dólares en inundar los periódicos de anuncios pagados con fondos públicos para informar que había enviado cartas a los cientos de funcionarios de alto nivel del Estado, para solamente recordarles que desde hace mas de un año tienen pendiente cumplir con el
artículo 304 de la Constitución que les ordena presentar, a mas tardar diez (10) después de haber tomado posesión de sus cargos, la declaración jurada de su estado patrimonial.
Al enterarnos de la nueva "proeza" del diligente Contralor, cabe preguntarle si le parece útil haber gastado los recursos del Estado para producir, en cinco (5) tomos y un total de tres mil (3) fojas, el parto de los montes que es el informe del caso Sánchez. Mas provechoso sería que diera explicaciones claras sobre el resultado de sus famosas cartas, que dijera a cuántos de los infrascritos se les ha suspendido el pago de sus emolumentos.
Pero si todo lo anterior es asombroso, más lo es que el caballero de marras, que nació y vivido en este país por más de 40 años, ahora "haya descubierto", y lo consigne en su informe, que en Panamá hay una persona que tienen bienes que no pudo adquirir legítimamente con sus ingresos.
