Los problemas ambientales y el daño a la sociedad desde este ángulo, requiere una perspectiva clara de que hay que hacer un alto en el camino para detener la alta contaminación y la depredación de la ecología. Luego de observar el informe ambiental que ha rendido la Autoridad Nacional del Ambiente al país en cumplimiento al artículo 46 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, que exige que al final de cada período de gobierno, se cumpla con este mandato, ello nos lleva a pensar que ha llegado el momento de una patria nueva para todos los panameños en un mejor ambiente.
Se puede hacer mucho por el país si el Presidente electo de la República, enfoca este asunto con las luces correctas, designando con un amplio respaldo a una persona idónea para administrador general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), con trayectoria de campo y no de teoría, especialista en materia ambiental que cumpla con el perfil indicado en el artículo 5 de la ley que rige la materia. Porque en nuestro país se tiene la manía de pensar que todo aquel que siembra un árbol y cuida un loro, es un ecologista idóneo para administrar recursos naturales y ambientales.
Sobre el perfil de esta persona, por juicio de la ley se exige que sea de nacionalidad panameña, no haber sido condenado por delito alguno, poseer un título universitario e idoneidad en una especialidad, en materia ambiental y recursos naturales, con una experiencia mínima de cinco años, quien debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa o en su defecto por la Asamblea Nacional de diputados.
Sobre la elección de la persona con el perfil exigido por la ley para dirigir los asuntos ambientales del país, sin lugar a dudas estamos hablando de un profesionales universitario, pero no cualquier universitario, pues la interpretación exegética de la norma nos lleva a compeler, que debe ser un ingeniero forestal, un agrónomo, ecólogo o un biólogo estudiado.
Añadir un perfil de otra naturaleza profesional para justificar una posición como sucedió recientemente en el gobierno saliente, sería desnaturalizar el espíritu de la ley general de ambiente e incumplir con la misma, al borde de quedar una designación de esta naturaleza fuera de los parámetros señalados y a expensas de una medida de impugnación pública o jurídica ante la propia comisión de gobierno.
