El día 28 de noviembre del 2004, el señor Gabriel Hernán González Santos, de 26 años, agente de seguridad de la empresa "Milenium Security S.A.", fue ultimado de tres disparos en el corregimiento de Arraiján, barriada 2000, Sector 5, Calle G, frente al mini súper "Bryan", efectuados por Nemesio Miranda, agente del SPI, Servicio de Protección Institucional.
CUERPO
El cuerpo de Gabriel fue trasladado al hospital Santo Tomás, donde falleció tres horas después del incidente.
Miranda resultó detenido por parte de la Personería Segunda del distrito de Arraiján, abriéndose un proceso de homicidio doloso.
El sindicado, Nemesio Miranda, alegó en su defensa que los cuatro disparos: uno de advertencia, uno en cada extremidad inferior y el último en el tórax, los hizo en defensa propia y de su hermano Alexis Miranda S., quien resultó herido en el incidente, indicando que esa herida la hizo el difunto.
ARMA
Nemesio Miranda usó un arma de alto calibre, una pistola marca "FIFVE SEVEN", color negro, serie No. 386NN10019 de 15 municiones, calibre 5.7 x 28, que se usaba como reglamento dado que según certificación del SPI, esta unidad forma parte del grupo especial anti-terrorista, unidad élite del SPI.
VIUDA
Por su parte, la señora Amelia Carrasco, viuda del difunto, indicó que "no me cabe duda que a mi esposo me lo mataron estando en el piso tirado y que Nemesio Miranda no tenía ningún motivo para actuar de esa manera".
"Me duele más por el hecho de que mientras él está en un pupitre como si nada ha pasado, ni mis hijos ni yo podremos escuchar la voz de Gabriel. Confío en que la justicia de Dios y de los hombres triunfará".
EL ABOGADO HABLA
Mientras tanto, Emidio Alfredo Manzané, abogado de la señora Carrasco, señaló que "sólo en las películas se puede ver que a una persona, que se le efectúen dos disparos: uno en cada pierna con cualquier clase de arma, esa persona represente un peligro y sea necesario un tercer disparo para controlarlo".
"No nos cabe la menor duda que dicho señor será condenado al máximo de la pena y que sirva como un mensaje al SPI, que unidades como Nemesio Miranda representan un peligro para la sociedad y que lejos de defenderlos, deben erradicarlos de sus filas para la paz y seguridad de la población".
EXPEDIENTE
En el expediente ha quedado demostrado que Nemesio Miranda ha confesado el hecho, y que no ha podido explicar porque resulta ilógico que una persona con dos disparos- uno en cada extremidad- había la necesidad de un tercer disparo con un arma de alto poder destructivo, lo que a juicio del Ministerio Público indica que el agente del SPI mintió sobre cómo sucedieron los hechos, y lo cierto es que el señor Gabriel González recibió el tercer disparo estando en el piso totalmente inmovilizado, convirtiéndose este hecho en un asesinato.
DOS NIÑOS
Gabriel dejó en la orfandad a sus dos hijos menores llamados Yessibel González Carrasco, de 4 años, y Gabriel González Carrasco, de 7 años, que cursan estudios de kinder y primario.
LA FISCAL
Este proceso fue instruido en su oportunidad por la entonces Fiscal Tercera Superior, Argentina Barrera, quien recomendó al Tribunal Superior de Justicia llamamiento a juicio de Nemesio Miranda por el delito de homicidio doloso.
Se conoció que a Miranda se le benefició con un traslado de la cárcel pública de La Chorrera donde estaba recluido para que realizara labores administrativas en las instalaciones del SPI y pueda percibir un salario correspondiente, con el agravante de que ese señor en algún momento pueda salir de esas instalaciones a visitar a sus familiares y así poder burlar nuestro sistema de justicia con esos beneficios.
VECINOS
Vecinos del sitio donde ocurrió este lamentable suceso, alegaron que Miranda estaba acostumbrado a formular amenazas y abusar de su condición de agente del SPI , y más específicamente cuando ingería bebidas alcohólicas.
En el expediente constan reportes de los jefes del SPI en donde solicitaban a la Fiscalía el traslado de Nemesio Miranda y la defensa de éste ha solicitado la libertad de este señor, aún siendo confeso y gozando del beneficio de estar ejerciendo funciones administrativas en el SPI.
En la actualidad, el expediente está radicado en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la responsabilidad del Magistrado Andrés Almendral, quien debe fijar la fecha de audiencia y decidir sobre la solicitud de libertad.
