El Ejecutivo aprobó los decretos leyes en materia de seguridad, a pesar de la objeción de varios sectores de la sociedad civil y la oposición política.
Aunque se hicieron algunos ajustes al más polémico de todos: el del Servicio Nacional de Inteligencia, se mantiene la esencia de crear un aparato de espionaje. Lo más que se varió fue la facultad del propio Servicio de Inteligencia, para designar como área de seguridad a cualquier punto del país, pero el resto de las acciones para desarrollar las operaciones de espionaje, se mantienen.
Fue un cambio de maquillaje. Ahora será un magistrado de la Corte Suprema de Justicia el que debe no sólo autorizar las intercepciones telefónicas, sino que también debe dar el visto bueno para efectuar diligencias que afecten otras libertades. Para colmo de males, los elementos que se acopien en esas diligencias no pueden utilizarse como pruebas en un proceso: ¿entonces para qué se solicitan?
El gobierno de la Patria Nueva insistió en pasar los decretos. Ahora se espera que la Asamblea Nacional de Diputados juegue su papel y que no sea un mero firmón para ratificar las acciones del Ejecutivo.
Lo que se discuten son temas sensitivos. La sociedad no olvida los abusos que cometieron los militares y es lógico el temor existente.
Claro que el país reclama seguridad contra la delincuencia común, el narcotráfico, sicariato, secuestros y otros delitos, pero se tienen dudas de que los aparatos que se están creando tengan ese propósito.