El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, planteó ayer su aprobación preliminar al proyecto de ley que obliga a las empresas de telefonía fija, celular y de internet a levantar una base de datos que tendrían a disposición de las autoridades judiciales en caso de investigaciones de delitos.
"Por lo que he visto y leído de la ley no veo nada que se le parezca a pinchazos telefónicos o a intercepción de llamadas de forma indiscriminada", señaló el funcionario.
Vargas adelantó que participará en la discusión en primer debate del polémico proyecto y allí, ante los diputados, ampliará su parecer con relación a una ley que, según su opinión, sólo plantea la ampliación de la base de datos de los clientes de las empresas telefónicas.
El Defensor señaló que la ley debe ser mejorada y dejar claro algunos aspectos que son los que crean zozobra en la opinión pública.
Vargas acudió ayer a la Asamblea Nacional a participar del primer debate del proyecto de ley que concede autonomía financiera a la Defensoría del Pueblo, que se discute en la Comisión de Derechos Humanos.
La reunión no se concretó, pero Vargas aprovechó para indicar que la ley es positiva para los intereses de independencia y transparencia que se desea implementar.
El presupuesto de la institución para el 2010 alcanza los $3.5 millones, pero dicha cifra podría reducirse en el Ministerio de Economía y Finanzas.
