La destitución de 25 agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ha generado contradicciones en las filas del Gobierno. Aunque el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, afirmó que no hay un paso atrás con la medida, el vicepresidente Juan Carlos Varela y el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, consideraron que debe haber una reevaluación del tema.
Ayer los subtenientes Octavio Nicolau y Julio Alonso, conjuntamente con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, no fueron recibidos en el Palacio de las Garzas por ningún funcionario, tras permanecer por tres horas en el portón que se encuentra a un costado del Parque de Catedral.
Los afectados pretendían entregar una carta donde pedían al presidente Ricardo Martinelli su restitución al cargo y que se respeten las justas reclamaciones de aumento salarial.
Este diario pudo conocer que el jueves se realizaron reuniones con mediadores que tuvieron acercamientos con funcionarios del Gobierno.
Por su parte, la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social rechazó el despido de los investigadores, y dijo que se violaron sus derechos humanos contenidos en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reconoce el derecho a la libre organización de la Policía y las fuerzas armadas.
Mientras, el canciller Juan Carlos Varela dijo que el Ejecutivo aprobó aumento de salario a todos los estamentos de seguridad y la DIJ entraba en esos planes de ajustes. "Creo que los muchachos se apresuraron en su medida de paralización, pero el Gobierno siempre estará dispuesto a mediar en cualquier conflicto", dijo Varela.
Para el Vicepresidente es una realidad que a todos los miembros de los estamentos de seguridad hay que aumentarles el salario, aunque dijo ser respetuoso de esta decisión. "El Gobierno no puede cerrarse al diálogo en ningún tema", agregó.
Entretanto, el defensor Ricardo Vargas consideró como decisión apresurada destituir a 25 agentes de la DIJ. En primera instancia debieron imponer sanciones antes de llegar a la destitución.
Para Vargas, así como se restituyeron a agentes del SPI señalados de darle protección a David Murcia, los agentes de la DIJ merecen ser atendidos.