El Ejecutivo ha preparado una redacción "light" del proyecto que busca mantener un registro de todas las comunicaciones que se realicen a través de los celulares, teléfonos y el Internet. Primero se vendió como una iniciativa para reprimir el narcotráfico, los secuestros, el terrorismo y el tráfico de armas. Ahora, se alega que también busca controlar las llamadas falsas a los servicios de emergencia del 911, el 103 de los bomberos y el 104 de la Policía Nacional.
Lo cierto es que también puede controlar de una u otra forma aspectos sensitivos de una sociedad, como es el derecho a la confidencialidad de sus comunicaciones.
Es prudente que hoy se conozca la identidad de las personas que compran un celular prepago y que se lleve un registro de a quién se le vende uno de esos aparatos. Ninguna persona decente se opone a una intercepción telefónica cuando existan evidencias de que se está cometiendo un delito utilizando estas facilidades, pero otra cosa es que el Estado tenga acceso a ver con quiénes se comunican sus ciudadanos. Eso compete solo al prestador del servicio y a sus clientes.
Se trata de una materia que debe ser ampliamente debatida y no pretender que una aplanadora de diputados apruebe a tambor batiente ese proyecto.
Solo hay que ver todo el morbo que se ha generado en torno a la lista de clientes de un prostíbulo. Imagínese el poder que tendría una persona con acceso a datos de las llamadas entrantes y salientes de otro semejante o qué páginas de Internet visita o a quién le envía correos electrónicos.
Los políticos son una cosa cuando están en oposición y otra cuando llegan al poder. Los que ayer rechazaban ese tipo de propuestas impulsadas por el gobierno perredista, hoy las defienden; y los que apoyaban esas iniciativas durante la administración de la Patria Nueva, hoy son opositores a éstas. Hay cosas de principio que no se pueden negociar, sin importar en qué bando político estás hoy o mañana.