Los operadores de telefonía fija, celular y de internet se cuadraron ayer en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, en defensa del proyecto de ley que los obliga a levantar una base de datos de sus clientes con equipos prepago.
Según los altos directivos en telecomunicaciones, el levantamiento de una base de datos que registre hora de inicio y culminación de la llamada, además del punto de salida y destino de dicha comunicación no constituye ningún problema técnico ni generaría un recargo en perjuicio de los usuarios.
Roberto Meana, secretario de Telefónica Movistar, indicó que la disposición de los operadores de respaldar el proyecto del Gobierno incluiría exigirle a los comercializadores de "chips" prepagados de los semáforos confirmar la identidad del comprador a través de un formulario. El mismo criterio mantuvo Roberto Mendoza de la empresa Cable & Wireless.
El secretario de la Procuraduría de la Nación, Rigoberto González, a pesar de respaldar el proyecto, dijo que el mismo se convertiría en una especie de obstáculo para solicitar a las empresas de telecomunicaciones información sobre el registro de llamadas dentro de procesos judiciales.
González manifestó que el proyecto limitaría al Ministerio Público a continuar solicitando informes de llamadas a los operadores, ya que ese trámite tendría que pasar por el filtro de la Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, señaló que el documento ha sido modificado en dos oportunidades por el Consejo de Gabinete, con el interés de descartar rumores vinculados a que el proyecto promovería las escuchas telefónicas.
"Lo que se quiere es estructurar una base de datos que permita al Estado conocer la identidad de los clientes que tienen las empresas de telecomunicaciones y no el contenido de las conversaciones telefónicas de los ciudadanos", agregó.