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Un día de estos, los panameños nos levantaremos asombrados. Resulta que los inquilinos del Palacio Justo Arosemena están muy preocupados por el futuro educativo del país, de manera que adelantarán el período de sesiones diez días antes del primero de septiembre, con el consiguiente gasto adicional que eso representa, mientras el pueblo navega en el mar tormentoso del desempleo y la falta de oportunidad.
Y es que una legislación que data de la década del '40, no podía esperar dos semanas más, si no que, requería, de acuerdo a los señores que allí nos representan, de su presencia urgente para hacer las reformas que dicha ley necesite.
Esta extensión del período legislativo le constará al erario público una considerable cantidad de dinero, solamente en dietas diarias por asistencia y alimentación de los señores parlamentarios, a parte de la gasolina que reciben del Estado y otros gastos derivados, de mantener funcionando el recinto legislativo.
¿Por qué ese apresuramiento en recuperar antes del primero de septiembre la inmunidad parlamentaria? En un laberinto de circo y farsa, el publicitado caso de los Afudólares sigue en su etapa investigadora, sin que hasta el momento se vean resultados y todo se limita a conjeturas y postergaciones, recursos para borrar de la mente de la ciudadanía el escándalo que mantuvo centrada la atención desde el pasado 9 de enero de 2002.
Despojarse por igual de la inmunidad por un tiempo establecido, y someterse a la investigación, hubiera sido la solución, sin embargo, optaron por dividirse entre los que sí aceptaban y los que no, generando una cortina de confusión para ir dándole larga al asunto. |
