El debate del proyecto de ampliación del Canal ha abierto un espacio coyuntural que algunos grupos oportunistas han sabido aprovechar para condicionar su voto en el próximo referendo a cambio de conquistas personales.
Me refiero a los docentes agrupados en el Frente de Acción Magisterial (FAM); los funcionarios de la Caja de Seguro Social afiliados a la ANFACSS y los obreros de la construcción aglutinados en el SUNTRACS que también se afilan en esta lucha de intereses.
Aunque estos grupos han salido a rechazar la propuesta del Tercer Juego de Esclusas que presentó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Gobierno, también han dicho que los recursos del Canal debieran utilizarse para resolver los problemas sociales del país, pero pareciera que la bonanza que tanto critican de un Canal ampliado quisieran gastársela antes de tiempo.
Por un lado, los docentes no se conforman con un aumento salarial de 90 dólares, a pesar de que la educación no ha progresado, más bien ha ido en reversa y como si desconocieran que para que el Gobierno cumpliese con sus demandas habría que endeudarnos más. Digo endeudarnos porque al final de cuentas, los panameños quedamos pagando esos financiamientos por medio de más impuestos.
Igual mensaje para los funcionarios del Seguro Social. Habiendo experimentado una reforma traumática que a la mayoría de los cotizantes nos pondrá a pagar más para poder jubilarnos y sabiendo que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no está salvado del todo y los otros programas tampoco andan bien, ¿Cómo pretenden en estos momentos salir a pedir aumentos de sueldo?
Y qué decir del SUNTRACS. Todos ya conocemos sus artimañas.
No niego el derecho que tenemos todos como ciudadanos a mejorar nuestra calidad de vida. En particular, repudio que en este pequeño país haya tanta pobreza y estoy de acuerdo con un plan a largo plazo para exigir como ciudadanos rendición de cuentas, pero no solo de los aportes del Canal, sino también de nuestros impuestos.
Sin embargo, no me parece justo sacar provecho de la coyuntura de la ampliación para revolver el ambiente y negociar prebendas. ¿Acaso el voto tiene precio?
Si ahora salen a reclamar los educadores, funcionarios de la Caja y los obreros, ¿quiénes vendrán después? ¿Los médicos, enfermeras, bomberos, policías? Entonces, me sumo a la fila.
El proyecto de la ampliación, en definitiva, imprimirá velo.
