El gobierno nacional anunció ayer un cambio de planes en su estrategia para tomar el control de los Corredores Norte y Sur; una movida que costará al país al menos $1,070 millones, pero que viene con la promesa de que estas vías rápidas serían gratuitas en no más de 10 años.
Ahora, el Estado será único dueño de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), a través de una inversión de capital de 100 millones. La cifra se completará con la constitución del "Fideicomiso Norte y Sur", que emitirá deuda por 970 millones. Con esto, se le pagaría a las empresas mexicanas ICA y PYCSA, que construyeron y han operado hasta ahora los corredores.
Este plan presentado por la administración Martinelli, deberá ser aprobado en la Asamblea Nacional para entrar en efecto.
Además, el gobierno anunció su intención de añadirle dos carriles más al Corredor Sur, y extender el Corredor Norte hasta la 24 de diciembre, cuyo financiamiento vendría de la venta de tierras de relleno frente al Centro de Convenciones Atlapa.
Durante décadas, ICA y PYCSA se han llenado los bolsillos en Panamá con las dos carreteras por pago más caras de Latinoamérica. La promesa de conectarlas nunca fue cumplida, y ninguna de las concesionarias hizo lo más mínimo en reducir los voluminosos tranques que en las horas pico hacían que el término "vía rápida" sonara a un chiste de mal gusto. Los contratos con que se firmaron son un manual para los gobiernos sobre cómo no negociar una concesión administrativa. Y ahora costará (al menos en papel), mil millones y una década zafarnos de semejante golazo. Esperemos que el gobierno actual y los futuros no vuelvan a cometer errores semejantes al negociar con empresas concesionarias.