Unos 15 funcionarios legislativos, quienes tendrían casos pendientes en la esfera judicial, renunciaron ayer a la institución, luego de la advertencia hecha la semana pasada por el presidente de la Asamblea Nacional de solicitar un impulso procesal en los casos en los que hubiese implicación de trabajadores del Parlamento.
Muñoz envió un ultimátum a un grupo de 60 funcionarios legislativos con casos judiciales que incluía acusaciones de robo, hurto, venta de chance clandestino tipo "casa grande" y evasión en el pago de pensión alimenticia.
La renuncia de los 15 funcionarios fue confirmada por el propio Muñoz. El jefe del Legislativo dio un plazo hasta hoy, viernes, para que el grupo de funcionarios normalizara su estatus judicial en lo referente al pago de pensión alimenticia, de lo contrario promovería los despidos en los casos señalados.
"Cada uno sabe lo que tiene y es mejor que vaya a la justicia a arreglar su situación", dijo Muñoz cuando lanzó la advertencia.
Sobre la elaboración del expediente de casos judiciales pertenecientes a funcionarios legislativos, Muñoz se limitó a decir que "había buscado su mecanismo legal".