La Policía detuvo ayer a varias personas en Phoenix durante una marcha en la que cientos de activistas de Arizona y otros rincones de EE.UU. protestaron para exigir la anulación de una ley que criminaliza a los indocumentados, que entró en vigor ayer, y pedir una reforma migratoria integral.
No se sabe exactamente el número de activistas detenidos, pero de momento no ha habido enfrentamientos con la policía que custodia fuertemente el área de la protesta.
Al son de tambores y ondeando banderas de EE.UU. y México, los manifestantes iniciaron su protesta frente al tribunal federal de la ciudad, donde el miércoles la jueza Susan Bolton suspendió los elementos más polémicos de la ley de inmigración SB1070.
Posteriormente, bajo fuerte vigilancia policial y seguidos por la prensa nacional e internacional, los activistas caminaron hasta las oficinas del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, que ayer mismo realizó una redada en un conocido sector latino de la capital estatal.
Gritos de "¡Alto a la SB1070!", "¡Sí, se puede!" y "¡Arpaio, escucha, estamos en la lucha!", competían con el ruido del tráfico, de sirenas de la patrulla policial y de un helicóptero que sobrevolaba la zona.
Los activistas corearon consignas y rimas, a la usanza de la izquierda latinoamericana, con mensajes como "el pueblo unido, jamás será vencido" y "¿qué queremos? legalización", "¿cuándo? ahora".
La activista Mar Cárdenas viajó desde California para sumarse a las protestas porque, según explicó a EFE, el dictamen de Bolton es sólo una "victoria parcial" y "lo que se requiere es una reforma migratoria integral".
Un activista lucía una máscara con la semblanza de Arpaio y un uniforme de prisionero con rayas blancas y negras, mientras hacía retumbar un enorme tambor que sirvió de banda sonora a lo largo de la protesta.
Mientras, una anciana se trasladó a la marcha en silla de rueda porque, a su juicio, la SB1070 es una "ley injusta".
La protesta, organizada por grupos como Promise Arizona y Puente, se produjo horas antes de que la gobernadora republicana, Jan Brewer, presentara un recurso del dictamen de Bolton ante el noveno tribunal de apelaciones.