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Excancilleres rechazan acuerdo de Fuerzas Visitantes
Rodulfo Barrios V.
Crítica en Línea
Como un "grave error" consideran cuatro ex cancilleres y un vice canciller, que el gobierno de la mandataria Mireya Moscoso, acepte firmar un acuerdo de "Fuerzas Visitantes" propuesto por los Estados Unidos. La falta de un acuerdo de ese tipo, ya afectó el desarrollo de dos ejercicios programados entre el Servicio Marítimo Nacional y el Servicio de Guardacostas, así como una visita de miembros de la Guardia Nacional de Minnesota que iban a donar computadoras y una gira de médicos militares a zona apartadas del país. Además, el acuerdo que permite el ingreso de uniformados estadounidenses a Panamá, amparados bajo un régimen especial, también afecta el desembarco del personal de unos 80 barcos de la Marina norteamericana que hacen escala en Panamá cada año, para reabastecerse de combustible. Cada barco de esos tiene una tripulación de 200 hombres, que en las 24 horas que permanecen en Panamá gastan un aproximado de 200 dólares. Al año esa cifra sería superior a los tres millones, reveló una fuente confiable. Sin embargo, Ricardo Alberto Arias, José Raúl Mulino, Marcel Salamín y Oydén Ortega, aseguran que Panamá podría perder más que su soberanía en este acuerdo, ya que las implicaciones del mismo serían una extensión a los amargos conflictos que sostuvo esta nación con los gobiernos norteamericanos en el siglo pasado. Advirtieron que de este tipo de negociaciones en muy pocas ocasiones se logra obtener algún tipo de beneficios, además que cabe la posibilidad de que los estadounidenses ejerzan algún tipo de presión para que Panamá acepte algunos de sus términos. Para el ex canciller, Oyden Ortega existe una facción del gobierno estadounidense que busca de una forma u otra una posibilidad de perpetuarse a través de la vía diplomática en Panamá y una posible vía sería el acuerdo de "Fuerzas Visitantes". "Si este acuerdo se aprueba en la forma que esta expuesta, definitivamente es perjudicial para Panamá, por lo cual no estoy de acuerdo con el mismo", indicó Ortega. Advirtió que el documento propuesto por EU, disminuye la neutralidad del Canal, extiende los privilegios y prerrogativas de los norteamericanos y renueva la iniciativa del antigua Centro Multilateral Antidrogas (CMA). Ortega indicó que es importante cuestionar "¿ Cuál es la motivación de los Estados Unidos para solicitar este acuerdo? y que tipo de transparencia le va a dar el gobierno a esta discusión"?. Ortega no considera que a través del Plan Colombia (un programa para la lucha antidroga al que EU donó $1,300 millones) se deba presionar a Panamá, para que acceda al acuerdo de "Fuerzas Visitantes", ya que "siempre existe la posibilidad de disidentes fronterizos". No obstante fue enfático al señalar que Panamá no debe participar en el conflicto colombiano, porque tenemos un Canal que tienen la condición de neutral. Reconoció también que el traslado masivo de tropas norteamericana a Panamá puede ser considerado una posibilidad real, tomando en cuenta la situación en Colombia. Mientras tanto, José Raúl Mulino advirtió al Gobierno que el acuerdo en cuestión, es un asunto que deben manejar con mucha mesura y prudencia. Consideró que los grupos vinculados al tema también deben evaluar el efecto que tendría este documento, en temas como soberanía, jurisdicción, privilegios, pues estos aspectos serían los más comprometidos de llegar a concretarse la firma. Mulino criticó al gobierno por la manera en que está manejando el tema al señalar que "no esta utilizando las vías y los métodos más adecuados", para estudiar el mismo. "Existe algo en este acuerdo que el gobierno panameño no ha mencionado y a veces lo que no se dice puede traer problemas y especulaciones, ellos se deben manejar con mucha transparencia y debe tomar como ejemplo al CMA", destacó. Indicó que el efecto del "Plan Colombia" es algo que debe estudiarse, a la vez que advirtió ese tema "nos puede traer problemas muy inherentes para a la seguridad del país". "Desde la perspectiva de Colombia este plan esta bien, pero el hecho de que Panamá obtenga beneficios del mismo, no sé en qué nos convenga a los panameños", indicó Mulino. Reconoció que existen medidas de presión a través de la inclusión de Panamá en una lista negra del llamado G-7, que tienen un trasfondo que hay que atender con mucho cuidado. Indicó que es necesario saber leer entre letras todo lo concerniente a los eventos que se encuentran rodeando la insistencia por parte de EU, de que Panamá firme este acuerdo de "Fuerzas Visitantes". Por su parte el ex canciller Ricardo Alberto Arias agregó que "no se justifica que Panamá entre a debatir este tipo de acuerdo con los EU, porque le daría a ellos la prerrogativa a ellos de asignar personal militar o civil, para que entre a Panamá libre de todo control de Aduanas y Migración". Agregó además que con este tipo de acuerdo, se le estaría dando un status diplomático a los norteamericanos sin autorización previa de Panamá, lo cual según Arias, es como tener una segunda embajada de Estados Unidos en territorio panameño. "No creo que se busque encubrir un CMA, creo que ellos están un poco resentidos por haber salido de Panamá y quieren mantener un privilegio que antes tenían", señaló Arias. Agregó que uno de los puntos que están tratando de recobrar con la firma de un acuerdo de "Fuerzas Visitantes", es poder que su personal militar pase por territorio panameño, sin control de las autoridades. Destacó que si Panamá negocia este acuerdo, debe exigir un beneficio, sin embargo a su juicio no hay ninguna razón para que los Estados Unidos decida unilateralmente cuándo y cómo va a venir su personal militar o civil a Panamá. Para el ex vice canciller Marcel Salamín, toda las gestiones diplomáticas que realiza los Estados Unidos para que Panamá acepte un acuerdo "Fuerzas Visitantes", tienen puntos de presión entre los que sobresalen la inclusión de Panamá en la lista negra del G-7 y el "Plan Colombia". "En realidad me resulta muy difícil pensar que nuestra supervivencia como nación y la especialidad de nuestra economía, dependa de que se mantenga o tolere la economía de corsarios", indicó. Sin embargo, Salamín acepta que este tipo de medidas de presión por parte de Estados Unidos, son propiciadas por Panamá, debido a que no renovó las legislaciones en materia de lavado de dinero y narcotráfico, con los estándares adecuados. Agregó que "ciertamente hay un tratamiento discriminatorio y sesgo en tal inclusión del G-7", no obstante aseguró que es necesario que Panamá ceda un poco de soberanía en estos asuntos y "renuncie a ciertos rangos de negocios por lo menos dudosos", para evitar que EU utilice estas vías, a fin de encontrar una oportunidad para presionar a Panamá. En el caso del "Plan Colombia", Salamín destacó que se puede comprometer la neutralidad del Panamá, atributo que es según el ex diplomático, es una ventaja para mantener la independencia jurisdiccional. Agregó que se debe tomar una "decisión urgente, porque dentro de poco, la intervención de terceros países en la guerra interna colombiana elevará la escala del conflicto y sin lugar a dudas desbordará sus oleadas hacia nuestro territorio".
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