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EDITORIAL
Monstruosidad jurídica
Cuando el Gobierno Nacional decidió eliminar lo que se conoce como "Leyes Mordaza", dijimos que fue un acierto de la actual administración. "Las leyes mordaza" pesan como una lámina de aluminio sobre la sociedad panameña y desde hace más de quince años no se reúne la Junta Técnica de Periodismo, lo que es una violación a la Libertad de Expresión y a los Derechos Humanos. El proyecto que pone en manos de los corregidores la facultad de sancionar a los periodistas ha sido devuelto al Consejo de Gabinete, pero no se hicieron esperar las reacciones contra esta nueva monstruosidad jurídica exteriorizada por la emisora KW Continente, tal como damos a conocer a continuación: BURLA, ATROPELLO Y SEVICIA Con el advenimiento de la nueva democracia en Panamá, en el año 90, una de las grandes esperanzas del pueblo panameño fue la derogatoria de los decretos y leyes impuestos por la dictadura y que los periodistas llamaron "leyes mordaza". A pesar de las reiteradas promesas al respecto, el gobierno arnulfista de Guillermo Endara no hizo nada para liquidar realmente esa espada de Damocles que pendía sobre todos los medios de comunicación social y sus ejercitantes. Por otra parte, las relaciones entre el jefe del gobierno de esa época y los comunicadores, no fueron muy estrechas, a tal punto que éste llegó a llamar a los periodistas "recua" molestosa. Llegado el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, con su fardo de promesas similares, se le dio larga a la derogatoria aludida y para colmo de males, hubo una divergencia entre los propietarios de medios y los profesionales del periodismo. Los primeros querían la abolición total de las leyes de prensa. Los segundos deseaban una reglamentación que protegiera a los periodistas graduados, que veían en los empíricos un elemento que dificultaba sus posibilidades de empleo. Ya al borde de despedirse de su mandato, Pérez Balladares ha hecho otra de las suyas pagándole a los periodistas, por los que, al igual que Endara, ha parecido sentir siempre un limpio desprecio, por haberlo criticado con valentía. Y así como se ha cubierto en la Asamblea, en el Poder Judicial y en todo aquello que pudiera ser un vehículo para pedirle cuentas después del primero de septiembre, Pérez Balladares escogió el camino más fácil para reprimir a los periodistas, en el futuro. Y lo hizo poniendo el látigo en manos de uno de sus más obsecuentes servidores, que le debe totalmente la Alcaldía. Para ello le acomodó una ley que aumenta a 10 mil dólares las multas por la posibilidad de que se causen perjuicios morales a terceras personas. Al poner en manos de los corregidores la facultad de sancionar a los periodistas, el presidente hace más expedita toda represión y se cubre totalmente, pues la mayoría de las alcaldías son PRD y en especial la de la capital. En fin, la nueva ley que quiere dejarle Pérez Balladares a los periodistas, como regalo de despedida, va más allá que la famosa Ley 11, endureciendo las penas y los mecanismos de coacción. Es imperativo que ante esta situación todos los medios unan sus fuerzas para evitar que esta ley progrese, ya que ella no es más que una nueva, "peligrosa y artera celada", como la calificó un respetado órgano periodístico. Y los periodistas profesionales activos, les recomendamos que aprieten fuerte las clavijas de sus dirigentes, para que ocupen el puesto de vanguardia que les corresponde en esta lucha que amenaza decididamente con aplastar la libertad de expresión en Panamá, gracias al maquiavelismo de un mandatario que no se cansa de acumular antipatías y condenas de parte de la opinión pública panameña, como venganza por los fracasos electorales sufridos.
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PUNTO CRITICO |
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