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Intereses de
fondo fiduciario deben utilizarse en obras sociales
Redacción
Crítica en Línea
El Dr. Ernesto
Pérez Balladares, Presidente de la República, en
su mensaje radiofónico hace un análisis de lo que
debe hacerse con el fondo fiduciario producto de las privatizaciones.
A CONTINUACION, PARTE DEL MENSAJE:
He insistido en distintas ocasiones en la necesidad de preservar
el producto de las privatizaciones, o sea el fondo fiduciario,
de manera que los gobiernos, todos los gobiernos, puedan utilizar
los intereses para obras sociales, pero que ninguno pueda tocar
el capital. Ello parte de un principio básico y fundamental:
los bienes que se vendieron pertenecían a todos los panameños,
y por lo tanto a todos debe llegarles sus beneficios.
Utilizar el fondo para pagar la planilla estatal es una manera
de malgastarlo, de desviar los beneficios hacia unos cuantos.
Con ello, además, muy pronto se acabará el fondo
sin que hayamos podido palpar sus beneficios.
Lo que corresponde, en realidad, es hacer más efectiva
la acción del gobierno, para que pueda recaudar más,
sin aumentarles los impuestos a los asalariados. Es la parte
de la reforma que quedará incompleta al final de mi mandato,
no porque no estuviera prevista sino por falta de tiempo para
implementarla.
Cuando nos abocamos a una profunda reforma del Estado, con
el objetivo de que las empresas, en lugar de ser directa o indirectamente
subsidiadas por el Estado, fueran por sí solas competitivas,
sabíamos que iban a necesitar un periodo de ajuste. Haberlas
gravado en ese tiempo, es decir, haberle añadido a la
reforma económica y arancelaria una nueva legislación
tributaria, hubiera resultado traumático para muchas empresas
y quizás la consecuencia inmediata hubiera sido la desaparición
de algunas de ellas y por tanto el agravamiento del desempleo.
Sin embargo, una vez lograda su competitividad es natural
que comiencen a desaparecer aquellas ventajas fiscales concebidas
para incentivar la inversión y facilitar la consolidación
de las empresas, no para construir situaciones de privilegio
permanentes. No creo que se jusfique, por ejemplo, para hablar
en cifras redondas, que la totalidad de las empresas del país
paguen en impuesto sobre la renta apenas 120 millones de dólares,
mientras que los asalariados del sector público y privado
paguen por el mismo concepto 180 millones de dólares al
año. Con el crecimiento de la economía que se ha
propiciado, con la seguridad que hoy existe sobre las reglas
del juego para la inversión, y dados los muy favorables
índices de riesgo de los que goza Panamá hoy, resulta
un contrasentido que los aportes de las empresas privadas sean
tan bajos.
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