Parece increíble que en Panamá, un país donde cada año se manejan miles de millones de dólares en materia presupuestaria, en casi una década no se destinaran los fondos necesarios para realizar las pruebas de ADN para identificar los restos de presuntas víctimas de la dictadura castrense.
Desde los años 2001 y 2002, los restos permanecen archivados en la sede del Instituto de Medicina Legal y no fue hasta ayer que el gobierno anunció la asignación de una partida de 45 mil dólares para realizar las pruebas.
La pregunta que surge es, ¿por qué los dos gobiernos anteriores y los Procuradores no hicieron los esfuerzos concretos para lograr los fondos necesarios para realizar esas diligencias?
Los familias de los desaparecidos de la dictadura militar merecen que se agoten todas las instancias posibles para identificar a las víctimas así como se logró con el caso de Heliodoro Portugal, que se pudo identificar sólo por una iniciativa particular y no de las instancias gubernamentales.
No se trata de abrir viejas heridas; sino de darle satisfacción a muchas familias que no saben qué pasó con sus parientes durante el periodo en que los castrense controlaron el país.
Los panameños merecen saber dónde están los restos del sacerdote Héctor Gallego, del revolucionario Floyd Britton y de otros tantos opositores al régimen militar, que tras ser capturados por elementos de la Guardia Nacional, desaparecieron sin dejar rastro y fueron enterrados en uno de los tantos cuarteles del país.