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Panameños protestan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
San Jose
AP
La demora en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso de un grupo de empleados públicos despedidos por el gobierno de Panamá en 1990, motivó el inicio de una protesta frente a la sede de la institución en esta capital. ``Sabemos que algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) están presionando a la Corte para que no emita un fallo definitivo en este caso'', explicó a la AP Rolando Gómez, coordinador del grupo de trabajadores. Gómez junto a otro panameño y un costarricense iniciaron hoy una vigilia frente a la CIDH. En caso de no recibir una respuesta pasarán a una huelga de hambre a partir del 7 de agosto, día que la Corte abre sus sesiones. Esperan llamar la atención sobre la disminución en el presupuesto de la Corte, lo que afectará la aplicación de justicia en el sistema interamericano, en perjuicio de todos los afectados, dijo Gómez. Los hechos del caso contra Panamá se remontan a 1990 y afectaron a más de 600 trabajadores, cuando el gobierno del entonces presidente Guillermo Endara despidió arbitrariamente al 85% de los dirigentes sindicales y a cientos de empleados a través de la promulgación de la ley 25. El gobierno panameño alegó en su defensa que las protestas de los trabajadores en diciembre de 1990 formaban parte de un fallido intento de golpe de estado planificado por un militar. El gobierno ordenó el despido de los obreros, luego que la legislatura aprobara la ley 25. No obstante, la acusadora Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esa decisión como una de ``las arbitrariedades más enconadas que se hayan registrado en la historia del sistema interamericano de derechos humanos''. Si la Corte acordara una condena contra Panamá, los obreros exigen como reparación desde el reintegro a sus puestos y el pago de sus salarios caídos después de 10 años. El caso es único en la historia de la Corte, ya que contrasta con los que usualmente ocupan a los jueces, relacionados a delitos políticos como torturas y desapariciones.
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