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El Viceministro de Finanzas, Publio Cortés, hizo ayer una advertencia al Alcalde de Barú, Franklin Valdés Pittí, de que fue un acto ilegal la firma de contrato que hizo a nombre del Estado con la empresa Constructora del Istmo Modular de Panamá, S.A. por la suma de 232 millones de balboas para la construcción de proyectos de interés social, y que involucraba la adquisición de deuda por esa misma cantidad.
En una nota enviada al Alcalde Pittí, Cortés indica que aunque ese contrato fue derogado por el Consejo Municipal del Barú, tanto la emisión del acuerdo municipal como la firma del contrato fueron "actuaciones ilegales que nunca debieron realizarse".
Cortés señaló que la Constitución Nacional establece que la negociación de empréstitos es función del Consejo de Gabinete, mientras que la ley 97 de 1998 dispone que el MEF es el ente encargado de todo lo relacionado con el crédito público, y que sólo este ministerio está capacitado para comprometer el crédito del Estado. "Esta actuación, además de ser contraria a la Ley, podría tener consecuencias de desprestigio para el país en el mercado crediticio, por cuanto nos colocaría en la situación de tener que desautorizar lo actuado", agrega Cortés.
"Hacemos un llamado a las autoridades del Distrito de Barú, el cual aplicable a todos los Municipios del país, para que redoblen sus esfuerzos y eviten caer en transacciones ilegales como las que comentamos en esta nota". |
