Un grupo de reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino considera injusto que el Procurador General de la Nación se oponga a que ellas sean favorecidas con la libertad condicional, al mantener buena conducta y haber cumplido con las dos terceras partes de la pena impuesta.
En su carta dirigida a la mandataria Mireya Moscoso, señalan que esa es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, no así del Ministerio Público que en su momento hizo su trabajo, investigándolas y logrando que el Órgano Judicial las condenara.
Estarían de acuerdo a su oposición si se tratara de un indulto que es potestad de ambas esferas, tanto el Organo Judicial y Ministerio Público, pues el principal requisito para este perdón es que no sean delitos graves, sino que sean delitos políticos, por lo que no entienden la actitud del procurador.
Las internas solicitaron a la mandataria que al momento de tomar una decisión, considere que son mujeres que pagaron a la sociedad por sus delitos.
