Autoridades y organizaciones estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP) marcharon ayer hacia la Asamblea Legislativa en rechazo a la reforma del artículo 95 de la Constitución, que según los manifestantes, disminuye el poder de fiscalización de la institución para convalidar títulos a profesionales y de reconocer la apertura de universidades privadas en el país.
Según el rector Gustavo García de Paredes, lo peor de la reforma es que abre la posibilidad para la entrada de cualquier universidad en el país, sin las garantías de impartir docencia de calidad.
El catedrático señaló que esta modificación permitía prácticamente legalizar universidades que se venden vía Internet, a distancia, por telégrafo y hasta por correo sin ningún control de las autoridades universitarias.
La reforma fue propuesta de los legisladores Julio César Castillo, José Blandón, Jerry Wilson y Wigberto Quintero, para permitir que las otras universidades oficiales puedan fiscalizar a los centros de enseñanza superior privados y que no sea una potestad sólo de la Universidad de Panamá.
