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ABRACADABRA
"Crónica de un sabotaje anunciado (I)"
"Si la Unión por Panamá no diseña y aplica, cuanto antes, una estrategia para contrarrestar el sabotaje perredista, se encontrará a partir del 1° de septiembre con la penosa realidad de que no podrá gobernar ni en la casa presidencial"
 Carlos Guevara Mann
Colaborador
El pasado viernes, el presidente Pérez envió a la Asamblea tres nuevos proyectos para que sean aprobados por la aplanadora oficialista durante las sesiones extraordinarias. Entre ellos está la iniciativa que impediría al próximo gobierno utilizar los mil 300 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo para financiar proyectos destinados al alivio de la pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible (La Prensa, 17 de julio). Al momento de escribir estas líneas, es éste el último eslabón en la cadena de medidas aplicadas por el actual gobierno para sabotear la gestión de Mireya Moscoso. Las medidas han sido concebidas y ejecutadas de acuerdo con un cuidadoso plan puesto en práctica a partir de principios de mayo, tan pronto se conoció la victoria de la Unión por Panamá en la elección presidencial del 2 de mayo. Lamentablemente, las iniciativas del PRD no han sido confrontadas con la energía y determinación que se requiere. Si la Unión por Panamá no diseña y aplica, cuanto antes, una estrategia para contrarrestar el sabotaje perredista (como se propuso aquí el sábado), se encontrará a partir del 1° de septiembre con la penosa realidad de que no podrá gobernar ni en la casa presidencial. La ausencia de respuestas a la población generará frustración en la ciudadanía, que tiene altas expectativas del gobierno de Mireya Moscoso. Se producirá así una situación de falta de gobernabilidad, con potencial para sumir al país en la inestabilidad y el caos, que es precisamente lo que busca el PRD como mecanismo para recuperar el poder, por las buenas o por las malas. Por eso es necesario que revisemos aquí, de manera cronológica, las acciones tomadas por el PRD para torpedear la gestión del próximo gobierno. El 10 de mayo de 1999, la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, presentó en la Asamblea un proyecto para crear la "Autoridad de Aviación Civil", un nuevo "ente regulador" de la aviación en reemplazo de la Dirección de Aeronáutica Civil. El proyecto contemplaba la privatización del aeropuerto de Tocumen y el nombramiento de un administrador por cinco años, con autonomía para dirigir la institución, independientemente de los lineamientos del gobierno de Mireya Moscoso. A la nueva Autoridad se le asignaría también la supervisión del lucrativo negocio del suministro de derivados de petróleo a las aeronaves (El Panamá América [EPA], 11 y 18 de mayo). En esa misma fecha la FENASEP, cuya dirigencia controlada por el PRD apoyó la candidatura de Martín Torrijos, advirtió que no permitiría· "que la clientela política del partido arnulfista desplace a los actuales funcionarios del gobierno" (EPA, 11 de mayo). La mayoría de los "actuales funcionarios" son clientes del PRD, nombrados durante la dictadura militar (1968-1989) o bajo el gobierno del presidente Pérez (1994-1999). Muchos de los empleados públicos que ocupan mandos medios en el engranaje estatal son fichas clave en el plan de la cúpula de sabotear la gestión del gobierno de Mireya Moscoso. El 11 de mayo, en previsión de lo tramado por el PRD, la presidenta electa emitió un comunicado en el cual solicita a los empleados públicos con mando y jurisdicción que por "la transparencia y seriedad que el país reclama" se abstuvieran "de hacer contrataciones o asumir compromisos más allá del día en que finaliza el período de Pérez Balladares." Con la soberbia y arrogancia que lo caracteriza, el presidente declaró que "su mandato no ha terminado" y que hasta el 31 de agosto "tiene la potestad" (no la responsabilidad ni el deber) "de administrar los establecimientos públicos" (EPA, 11 de mayo). Estas declaraciones ratifican la concepción del Estado como botín que prevalece en el actual gobierno y constituyen un anticipo de lo que habrá de ocurrir hasta la entrega del poder, el 1° de septiembre.
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