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Pérez Balladares no derogó leyes mordaza porque quiso gobernar sin críticas de la prensa
Jean Marcel Chéry
Crítica en Línea
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Fascetto, aseguró ayer que el mandatario Ernesto Pérez Balladares no derogó las leyes mordaza durante sus cinco años de mandato, porque "le tiene miedo a la prensa" y quiso gobernar sin que los medios de comunicación criticaran su gestión. En tanto, sentenció ayer que en Panamá se violan ocho de los diez principios de la Declaración de Chapultepec, considerados necesarios para que una prensa libre cumpla su papel en la democracia. En la conclusión del Foro Nacional sobre la Declaración de Chapultepec en Panamá, la SIP consideró que las leyes 11 y 68 de 1978, los códigos de la Familia, Penal y Sanitario, Electoral, Judicial y diversos decretos de la Junta de Censura violan la mayoría de los principios necesarios para el ejercicio de un periodismo libre en un sistema democrático. Fascetto detalló que ni el expresidente Guillermo Endara, ni Pérez Balladares anularon las leyes que regulan los medios de comunicación y ejercicio del periodismo (conocidas como leyes mordaza) porque "le tienen miedo a la prensa [y] ellos quieren gobernar sin que la prensa los critique, y eso es un error". El presidente de la SIP destacó que en Panamá existe una libertad de prensa amenazada por las leyes represivas, lo cual es muy preocupante, aunque dichas legislaciones no se ejecuten. La aplicación de las leyes mordaza depende de la voluntad del presidente de turno, y pueden ser ejecutadas en cualquier momento. Sostuvo que el peligro es latente, porque esas normas incluyen la confiscación de periódicos, colegiaciones obligatorias de periodistas y una serie de cosas más que realmente son preocupantes. Así mismo, Fascetto restó importancia a la propuesta del Organo Ejecutivo de derogar la Ley 11 de 1978, que contempla el cierre de medios de comunicación, argumentando que "son sólo promesas y las promesas se las lleva el viento". Agregó que la ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, sólo habló de anular la Ley 11, lo cual indica que se pretende que las otras leyes mordaza sigan vigentes. A juicio de Fascetto, la presentación de un proyecto de ley, en la Asamblea Legislativa, para anular las leyes mordaza no significa nada, porque éstas siguen vigentes. "No se ha dado ningún paso, la libertad de prensa sigue estancada, ya que el único paso positivo sería anular las leyes mordaza, pero esto es sólo una promesa" del Organo Ejecutivo, dijo el presidente de la SIP. Igualmente consideró necesaria la reforma al Código Penal, para despenalizar los delitos de calumnia e injuria, de manera que se puedan sancionar por la vía civil. "Es absurdo que la calumnia e injuria se pene con cárcel", sustentó. "Sería bueno para Pérez Balladares que antes de irse derogue las leyes mordaza, como un aporte muy grande para la democracia en Panamá", sostuvo. Entre los principios considerados violados se encuentra el que establece el derecho a la libertad de expresión y de prensa que no son concesiones de las autoridades, sino derechos inalienables al pueblo. Lo cual se consideró vulnerado por las leyes que fijan censura previa, y las prohibiciones existentes para publicar información, contempladas en el artículo 37 de la Constitución, la Ley 11 de 1978 y el Código de la Familia. Por otra parte, se consideró violado el principio que establece que nadie puede restringir o negar los derechos que toda persona tiene a buscar y recibir información. Según la SIP, este principio es violado por los códigos Penal y Sanitario, además del Decreto 251 de 1969 de la Junta de Censura, los cuales contemplan amenazas por delitos de revelación de conversaciones privadas, calumnias e injurias, desacato, noticias falsas acerca de economía, comercio, enfermedades etc. Igualmente se determinó que el punto que establece que no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información se vulnera con el artículo 41 de la Constitución y la Ley 67 de 1978, que contemplan la inexistencia del derecho a la información del sector público, y que los jueces no aplican protección al secreto profesional de periodistas. En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa alegó que hay hostigamiento legal contra la prensa en Panamá, lo cual viola el principio que rechaza la persecución y prohibición de los derechos humanos contra los periodistas y los medios. La organización que aglutina a propietarios de medios y periodistas del continente americano indicó que la excesiva regulación de las leyes panameñas vulnera el principio que rechaza las restricciones contra la prensa. La SIP también consideró que el Código Penal establece que no se permite defensa de la verdad en la injuria, y que no se puede cirticar al gobierno, lo cual violenta el principio que establece que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
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