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EDITORIAL
Las sesiones
extraordinarias legislativas
Hoy, por convocatoria
del Organo Ejecutivo se instalan las sesiones extraordinarias
de la Asamblea Legislativa para atender durante las jornadas
del 12 de julio hasta el viernes 20 de agosto diez materias listadas
en el Decreto 66 de 6 de julio de 1999, entre las cuales destaca,
con primera prioridad, el Proyecto de Ley por el cual se crea
dentro de la Corte Suprema de Justicia la Sala Quinta de Instituciones
de Garantía y Casación Laboral.
De igual manera atender los extremos de la transferencia de
la administración, operación y explotación
de los servicios relacionados con el aseo urbano, domiciliario
y de disposición final de residuos, a los Municipios de
Panamá, Colón y San Miguelito, hasta ahora prestados
por la Dirección Metropolitana de Aseo.
El primero de los textos a considerar conforma medida ácidamente
rechazada por sectores sensitivos de la vida panameña;
entre ellos, la Iglesia a través de su reunión
periódica, donde reclamó su retiro para permitir
ampliar la divulgación, propiciar las discusiones, y alcanzar
esclarecimientos; en este sentido, con la guía de destacados
abogados panameños, el Colegio gremial profirió
resoluciones de rechazo que envuelven críticas relacionadas
a la mora judicial, cuyo asiento mayoritario radica en tribunales
de menor jerarquía; afirmación que resta fortaleza
al argumento del proyecto, de buscar acabar los retardos tribunalicios.
Asimismo, en palabras de un actual Magistrado de la Corte Suprema,
se afirma que resulta engañoso predicar una sala de Casación
en material laboral, cuando la elevada corporación escasamente
conoce sesenta casos laborales al año.
Los partidos políticos opositores al régimen
perredista denuncian que se trata de una jugada política
dirigida a permitir el nombramiento de tres nuevos magistrados
titulares en la Corte Suprema que darían control y dominio
al gobierno del presidente Pérez Balladares, en los próximos
años.
Resulta grosero, produce encono, que a escasos cuarenta y
ocho días de fenecer el mandato gubernativo del PRD, el
régimen se afane en dictar normas, realizar nombramientos,
y acordar transferencias interinstitucionales, que demuestran
la intención maliciosa de amarrar las gestiones del gobierno
que se instalará el primero de septiembre.
Por otra parte, enconada controversia ocurre en el mundo de
los juristas y políticos por el hecho de que el Gobierno
obtuvo facultades legislativas de la Asamblea y al mismo tiempo
emita convocatoria para atender diez proyectos de ley, que pudieron
quedar a la espera del renuevo de parlamentarios, permitiendo
así un interregno de estudio y averiguación que
respalde aspectos de validez y conveniencia. Sin embargo, el
pueblo observa y espera que el trato reglamentario de los proyectos
se realice con equilibrio, sentido, tacto y civismo.
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PUNTO CRITICO |
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