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Obreros de antiguo IRHE quieren el 10% de acciones

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Luis A. Chamorro B.
Crítica en Línea

La Defensoría del Pueblo acogió ayer la solicitud de los trabajadores del recién privatizado Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), por intermedio de la comisión SITIRHE-COOTIRHE.

Los obreros de la antigua estatal pidieron al defensor del pueblo, Italo Antinori, inteceder en su lucha contra el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, para que se les permita comprar el 10% de las acciones de la fenecida estatal de electricidad.

De acuerdo a Jorge Alegría, presidente de la comisión SITIRHE-COOTIRHE, se solicitó al representante del defensor del pueblo, Salvador Sánchez, que se reivindiquen los derechos de los trabajadores "que han sido mancillados por la Comisión para la Venta de las Acciones (COMVA), que es presidida por el ministro Aramburú Porras".

También se le pidió a Antinori que investigue ¿por qué la COMVA no está operando actualmente y no atiende la solicitud que han hecho los obreros para que se les entreguen las acciones a las que tienen derecho?

"No es justo que después de que el Estado utilizó a los trabajadores para privatizar el IRHE, bajo una supuesta participación social, ahora el Gobierno pretenda quedarse con más de 80 millones de dólares en acciones y negociarlas en la Bolsa de Valores", dijo Alegría.

Por su parte, Salvador Sánchez, representante del defensor del pueblo, destacó que las causas de los trabajadores siempre han sido acogidas por la Defensoría del Pueblo, por lo que no se podía pasar por alto la solicitud de los obreros del antiguo IRHE, que ven sus esperanzas de desarrollo personal y familiar en la oportunidad de comprar acciones de las empresas eléctricas privatizadas.

Destacó que, una vez que se analice la documentación que se le entregó, se iniciarán las investigaciones que llevarán a determinar la responsabilidad del Estado panameño en torno a las acusaciones que hacen los trabajadores del antiguo IRHE.

 

 

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Destacó que, una vez que se analice la documentación que se le entregó, se iniciarán las investigaciones que llevarán a determinar la responsabilidad del Estado panameño en torno a las acusaciones que hacen los trabajadores del antiguo IRHE.

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