Juana es barrendera en un ministerio hace 25 años, con un salario de 250 balboas que apenas le alcanza para sobrevivir en este país donde la canasta básica anda por las nubes y no para de subir. En comida, pasaje, luz y agua consume lo poco que gana. Nunca en su vida de trabajadora manual consiguió un aumento salarial, debido a que entre sus amistades no figuran ministros, jefes de partidos políticos ni legisladores.
Así como Juana, miles de empleados públicos devengan sueldos de hambre que apenas les alcanza para vivir.
Esta anarquía e injusticia en las finanzas públicas, contrasta con la decisión desproporcionada de los gerentes de los dos principales bancos estatales de aumentarse el salario para devengar la astronómica suma de 10 mil mensuales.
Para justificar su actuación, se argumenta que estos aumentos fueron aprobados por las juntas directivas de ambas corporaciones, cuando todos sabemos que ellos, los directivos, se reúnen en la misma mesa para dirimir los negocios financieros de estas instituciones bancarias.
Más pueril y carente de sentido común resulta la intención de equiparar los emolumentos de estos funcionarios con el pago que reciben los ejecutivos de la banca privada. Bien podrían estos señores renunciar e irse a trabajar con el sector privado.
Las finanzas públicas vienen siendo víctimas de un alza desmesurado en los salarios que reciben algunos altos personeros del Estado, mientras la mayoría de la población carece de los principales elementos para el disfrute de una vida con dignidad.
Aprobar esta acción sentaría un precedente en las finanzas del Estado y pondría a prueba la capacidad de resistencia de un pueblo al que se le ha pedido sacrificio y paciencia.
