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Crece descontento social en el país del presidente mas popular
Tegucigalpa
ACAN-EFE
Honduras vive un creciente descontento social y una intensa lucha contra la privatización de entidades públicas al agravarse la crisis económica año y medio después de que el huracán "Mitch" causara el peor desastre natural en el país. Las marchas contra la privatización celebradas el miércoles en diez ciudades, la principal de ellas en Tegucigalpa, reflejan un descontento que contrasta con el 78 por ciento de popularidad, la mayor en Centroamérica, que las encuestas de una firma extranjera otorgan al presidente del país, Carlos Flores, dijeron ayer dirigentes locales. La jornada contra la privatización se llevó a cabo diez días después de una huelga nacional en demanda de un alza general de salarios, la congelación de precios de productos básicos y combustibles, y de la venta de las empresas estatales. El martes, cientos de residentes de los departamentos de Cortés y Yoro ocuparon una carretera en protesta porque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no había restablecido el servicio una semana después de que una ventisca destruyera parte del tendido eléctrico. La huelga de hoy la protagonizan los maestros de 88 colegios de secundaria del departamento de Francisco Morazán, que incluye a Tegucigalpa, porque el Ministerio de Educación incumple una cláusula del Estatuto del Docente. Año y medio después del desastre del huracán Mitch, los pobladores de muchas partes afectadas siguen en espera de la reconstrucción de las infraestructuras destruidas, pero el Gobierno -que ha rehabilitado y construido numerosas obras- arguye que carece de recursos para cubrir toda la demanda. La lucha contra la privatización la mantiene desde hace varios meses el Bloque Popular, que reúne a decenas de sindicatos del sector público, agrupaciones campesinas y comunales, y que ya ha celebrado varias manifestaciones en Tegucigalpa. "El pueblo sabe los problemas que vienen con la privatización", señaló un dirigente del Bloque Popular, Carlos H. Reyes. A la jornada del miércoles se sumaron los gremios de maestros y el Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE) anunció una "dura lucha" para evitar que se privatice la distribución de energía, medida que sólo está pendiente de un debate en el Congreso Nacional. El Gobierno de Flores está a punto de culminar la venta del 51 por ciento de las acciones de la empresa telefónica, ya otorgó en concesión el manejo de los cuatro aeropuertos del país y hará lo mismo con los puertos. El servicio de agua potable será traspasado por la empresa estatal a los municipios. Estos procesos de privatización fueron impuestos al Gobierno por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los acuerdos firmados en 1999 y este año, entre otras condiciones, a cambio de un alivio de la deuda exterior de Honduras, de unos 4.300 millones de dólares. Honduras logrará una reducción de 115 millones de dólares (de 310 a 195 millones) en el servicio anual de la deuda, que a largo plazo podría reducirse a 2.500 millones de dólares, producto de las gestiones que Flores hizo a raíz del desastre natural. El impacto socioeconómico del huracán redujo la calidad de vida del 80 por ciento de los seis millones de hondureños, el 40 por ciento de los cuales "vive" con un dólar diario, según el reciente Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Y en un país que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupa el último lugar en atención médica en Latinoamérica, el Colegio Médico acaba de dolarizar el coste de los servicios. Los sindicalistas demandan un alza general de salarios (el mínimo actual ni llega a 80 dólares), pero el Gobierno dice que no puede obligar a los empresarios a otorgarla y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) rechaza de plano esa medida. "Este no es el momento de discutir un aumento general de salarios", ni la congelación de precios y la privatización, puntualizó hoy la presidenta del COHEP, Juliette Handal, quien aduce que el país no se ha recuperado del desastre.
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