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El dirigente de los precaristas del Asentamiento Unión Campesina desalojados recientemente, Carlos Castillo, denunció la violencia con que funcionarios del Municipio y miembros de la Policía Nacional llevaron a cabo la acción, sin importarles los torrenciales aguaceros que caían entonces y que le provocaron cuantiosas pérdidas. Adelantó que solicitarán la intervención de la presidenta Mireya Moscoso, al tiempo que advirtió que para hoy tienen previsto realizar una marcha que partirá desde los terrenos del asentamiento hasta el Consejo Municipal, donde solicitarán cortesía de sala para exponer las quejas sobre la forma inhumana en que fueron tratados.
Agregó que posteriormente se dirigirán con pancartas en manos hacia la presidencia de la república a exponer sus demandas. Mostró su rechazo con las multas que se le impusieron a los detenidos, que sin cometer delito alguno, están obligados a pagar entre B/.60 y B/.90 sin haber cometido delito alguno.
En tanto, el legislador Lenín Sucre dijo que puso a disposición de los precaristas a sus abogados para interponer las demandas por supuesta extralimitación de funciones y abuso de autoridad en contra de los funcionarios municipales, además de los amparos de garantías en defensa de las familias afectadas.
Por su parte, el presidente del Asentamiento Unión Campesina de Burunga, Simón González, advirtió que si Sucre tiene alguna duda debería iniciar las investigaciones de las tenencias de las tierras. Informó que por la falta de espacio los asentados se vieron obligados a alquilar un potrero en Monte Oscuro, distrito de Capira, para reubicar más de 100 cabezas de ganado del asentamiento que se mantenían en un pasto mejorado dentro de los terrenos.
Aclaró que a los precaristas se les terminó el plazo ayer para retirar sus pertenencias de las 43 hectáreas del asentamiento, las que mantendrán custodiadas durante los próximos días por unidades de la Policía. En tanto, un comunicado de la Fundación Voz de Arraiján firmado por su coordinador, Dagoberto Franco, dejó sentir su enérgico rechazo por los actos de barbarie cometidos por las autoridades contra estos precaristas, entre los que se encontraban mujeres y niños.
Explica la nota que la corregidora de Arraiján cabecera y Abdiel Abreu, director de Asesoría Legal de la Alcaldía de Arraiján "como en los mejores tiempos de la dictadura militar, derribaron las viviendas de madera y zinc de más de 300 precaristas que ocupaban terrenos del Asentamiento Unión Campesina de Burunga". |
