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La instauración de la pena de muerte en El Salvador, tras el fallecimiento de un niño en confusas circunstancias poco tiempo después de haber sido secuestrado, está generando una fuerte polémica en este país. Una fuente parlamentaria informó que el hoy lunes será discutida en la Asamblea Legislativa la instauración de la medida, propuesta por la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y apoyada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), ambos de derecha.
Un clamor generalizado por el endurecimiento de las leyes contra los secuestradores ha sido expresado por diversas organizaciones políticas, gremiales y empresariales, en comunicados en los que se condena la muerte de Gerardo Villeda, de nueve años de edad, hace nueve días. Algunas entidades piden la instauración de la pena capital en el país, donde la pena máxima es de treinta años de cárcel.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y tres organismos gubernamentales salvadoreños se sumaron, en un comunicado conjunto, a las condenas por el asesinato de Gerardo y piden a la ciudadanía actuar para prevenir otros hechos similares.
"El secuestro y asesinato de un niño constituye una tragedia nacional ante lo cual todos debemos asumir una actitud de responsabilidad y de acción, tanto crítica frente a las causas y factores que provocan estos lamentables hechos", expresa UNICEF.
Gerardo fue secuestrado en San Salvador el 21 de junio y pocas horas después murió víctima varios impactos de bala durante un enfrentamiento entre los secuestradores y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que llevó a cabo una operación para rescatarle. |
