La crisis que envuelve a la Defensoría del Pueblo debe ser resuelta cuanto antes, pero dentro del marco de la legalidad. La institución no puede funcionar adecuadamente, si los encargados se entretienen en defenderse ellos mismos de los constantes ataques que le formulan otros sectores de la sociedad.
Al mismo tiempo se debe entender que la Defensoría no puede ser el cuartel central de un determinado partido político para asignar en los cargos de la institución a aquellos cuadros, que no han podido ser colocado en el resto del engranaje público.
Tampoco puede ser la nueva planilla a la que recurren los diputados para colocar a parientes y recomendados. Mientras mayor independencia tenga la Defensoría, mayor será su eficacia.
La Asamblea Nacional de Diputados o ahora la Corte Suprema de Justicia deben abordar el tema de la Defensoría del Pueblo, para definir de una vez por toda la suerte del actual encargado de ese despacho. El resultado que se adopte respetando el debido proceso, debe ser acatada por todos los grupos en pugna, para ponerle fin a una crisis que viene deteriorando cada día a esa entidad encargada de la defensa de la sociedad.
Al mismo tiempo sería preferible que el próximo Defensor del Pueblo ocupe el cargo en base al voto de los ciudadanos y así se evita que los partidos políticos, diputados y grupos de presión se sientan con derecho a cuotas de poder en la planilla de la entidad.
Ya pronto acaba el Mundial de Fútbol y el país debe atender la solución de problemas que han quedado pendientes, tras la distracción momentánea que ha provocado la jornada deportiva que se desarrolla en Alemania. La crisis de la Defensoría es una de ellos.