Una queja contra algunos investigadores de la PTJ fue presentada por un ciudadano, a fin de que incriminara a otras personas en el homicidio del abogado Roque A. Pérez.
La persona afectada presentó su formal protesta ante el Departamento de Responsabilidad Profesional de la PTJ.
El jurista Pérez fue asesinado el 19 de julio del 2001, y la fiscal Cuarta Superior, Maritza Royo, tiene el expediente.
