sábado 19 de junio de 2010 

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Vallarino: PRD se fumigó $520 millones

Carlos Estrada Aguilar ([email protected]) | Crítica en Línea

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Vallarino dejó entrever que en cuanto a estos fondos hubo un manejo desordenado. (Foto: Jorge Silot )

El ministro de Economía, Alberto Vallarino, denunció que la administración gubernamental del PRD "se fumigó" cerca de $350 millones que debieron ingresar al capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), producto de la venta de las bandas de celular cedidas a las telefónicas Digicel y Claro.

Vallarino, además advirtió que otros $170 millones que resultaron de la licitación de los "dutyfree" o tiendas libre impuestos en el Aeropuerto de Tocumen, tampoco fueron reportados a las cuentas de capital del FFD.

"Yo no tengo la costumbre de mirar para atrás o llover sobre mojado, pero si vamos a ser justo sobre el manejo del gasto..yo tengo que restregarle a ustedes (PRD) los $350 millones de los celulares que no ingresaron aquí (Fondo Fiduciario", dijo.

La polémica se originó en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, donde Vallarino compareció a la sesión de consulta del proyecto N°178, por el cual se reforma el Código Fiscal y la ley creó el FFD.

Indicó el ministro que así como el dinero de las bandas A y B de celulares del Movistar, otrora Bellsouth, y de Cable & Wireless están en la FFD, las bandas de Claro y Digicel, en lugar de ser reportadas al FFD, fueron "fumigadas" en el año 2008.

Vallarino dejó entrever que en cuanto a estos fondos hubo un manejo desordenado, ya que en lugar de reportarlos para engrosar el capital del FFD, fueron empleados en gastos corrientes sin mayor explicación de uso en concepto de inversión o funcionamiento.

El tete a tete entre Vallarino y el diputado Binicio Robinson se originó porque el diputado del PRD cuestionó que se pretenda utilizar capital del FFD para la compra de los corredores, en lugar de utilizarlos para nueva inversión vial.

Robinson incomodó al ministro cuando le recordó que en el Gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso se reformó la ley para usar $200 millones que se destinaron a proyectos sociales que obedecían a motivaciones políticas.

 

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