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La Defensoría del Pueblo ha recibido unas sesenta y cinco quejas ciudadanas, las cuales guardan relación con el incumplimiento del Estado en el pago de prestaciones laborales a servidores públicos.
Las deudas pendientes de cancelación enlistadas en este informe no incluye el reclamo de los 270 trabajadores del Estado panameño, quienes fueron despedidos con basamento en la Ley 25 de 1990.
El defensor del pueblo sostiene "que los derechos laborales son inviolables e irrenunciables de los que gozan todos los funcionarios públicos, sin posibilidad de ser privados en forma arbitraria". |
