Una demanda de inconstitucionalidad contra contra la Ley 21 de 2003 por la cual se regula aviación civil, fue presentada por la Fundación Libertad Ciudadana argumentando violaciones a los derechos humanos y la protección de solamente cierto "grupito" de panameños en detrimento de la mayoría de los ciudadanos.
El Artículo 20 de la mencionada Ley, en su primer párrafo establece que los panameños y los extranjeros "por razones de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general".
Según el presidente de la Fundación, Roberto Brenes la aplicación de la definición en forma restringida, lejos de ser una limitación a los extranjeros, se constituye en una "grave limitación a la colectividad de los panameños" que no podrían aspirar a empleos generados en la aviación civil solo por proteger a un minúsculo número de nacionales.
Según los demandantes, las leyes panameñas están colmadas de protección a grupos profesionales panameños. "Lejos de crear una barrera a los extranjeros, estas disposiciones atentan más contra el resto de los panameños, cuando les impide acceder a nuevos trabajos", resaltó.
En casi todos los casos estas leyes promueven privilegios a los más educados en contra de los menos educados y seguramente más necesitados, advirtió Brenes.
