La seguridad jurídica es lo primero que debe garantizar un Estado democrático en el mundo de sus relaciones con otros Estados y clientes. Si no existe esta garantía, podemos estar seguros que el Estado se encontrará con graves perjuicios por falta de transparencia y posiblemente demandado ya que no respeta sus propias leyes.
La falta de seguridad jurídica ha sido frecuentemente denunciada por diversas empresas; en especial, las del sector de generación eléctrica y de las telecomunicaciones y ha sido una constante queja de la Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá (Amcham).
La seguridad jurídica es algo "imprescindible" para el manejo del comercio interno, pero especialmente para atraer inversión extranjera. Si hay una percepción de inseguridad jurídica llevaría a que los inversionistas extranjeros no inviertan en Panamá, porque temen que se le cambien las reglas del juego.
Panamá , igual que los demás países, necesita de inversiones extranjeras, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país. Las grandes inversiones que se han hecho en transporte marítimo las diversas empresas, han ayudado a mejorar la situación económica en Panamá Entre esas inversiones figuran las de Manzanillo International Terminal, cuyo principal accionista es estadounidense; Colón Container Terminal, de Taiwán, y Panama Ports Company, de Hong Kong.
Ahora resulta que anuncian la negociación de una concesión privada para construir un mega puerto en Palo Seco, una zona muy cercana a la entrada del Canal de Panamá, luego de que Panama Ports Company), la filial de Hutchison Whampoa Ltd., ha realizado inversiones por más de 500 millones de dólares en Balboa.
La empresa portuaria informó que la inversión sigue en marcha, tras el último acuerdo pactado con el Gobierno para ampliar los puertos de Balboa y Cristóbal. Y yo me pregunto si esto no afecta sensiblemente a una empresa que ha destinado millonarias inversiones para el desarrollo portuario.
Es por ello que una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha sido interpuesta contra la Resolución de Gabinete número 24 del 7 de abril del presente año que autoriza a la Ministra de Comercio e Industrias, para que en nombre y en representación del Estado, proceda a la negociación de un contrato para el diseño, construcción y administración de un Terminal de contenedores en el área de Farfán en el sector Pacífico panameño.
