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La legisladora Teresita de Arias tildó de un "atraco" al fisco, al equiparar el contrato de Panamá Ports Company (PPC) con las condiciones pactadas por la Evergreen y Manzanillo International Terminal, con lo que el Estado dejará de percibir B/.1,200 millones en 45 años.
En tanto, Laurentino Cortizo, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, aseguró que al gobierno le faltó mucha experiencia para negociar con la PPC y renunciar a una anualidad fija de B/.22.2 millones más el 10% de los ingresos brutos que generen los puertos de Balboa y Cristóbal, a cambio de recibir B/.9 por contenedor (B/.6 por el movimiento y B/.3 por impuesto de boyas y faros).
Manifestó que la fórmula matemática que el gobierno y los directivos de la PPC utilizaron para sopesar una inversión de B/.200 millones para ampliar el puerto de Balboa y dejar de percibir B/.1,200 millones, no tienen fundamento lógico.
Cortizo dijo que lo más conveniente en este caso hubiera sido que el gobierno ofreciera a la PPC un crédito por B/.200 millones pagaderos a siete años, sin que fuera necesario renunciar a los pagos pactados con el contrato que entró en vigencia el 1 de enero de 1997.
El presidente de la Comisión de Comercio, manifestó que no hay ninguna garantía que asegure que con la ampliación de los puertos y la inversión que pretenden hacer la PPC, el manejo de carga aumente en un millón de contenedores anuales, como son las proyecciones del gobierno y la compañía.
"Las cifras explicadas por el ministro Joaquín Jácome no me cuadran, y no comprendo cómo se justifica la renuncia de una tasa anual millonaria que al final representa cerca de B/.1,200", agregó.
Por su parte, el legislador Aníbal Culliolis, manifestó que a nivel de la Asamblea se pueden interponer una serie de recursos legales tendientes a derogar la resolución ministerial a favor de la PPC.
Culliolis sostuvo que ninguna resolución ministerial puede derogar, reestructurar o modificar el contenido en un contrato ley que fue aprobado por la Asamblea Legislativa.
En tanto Eduardo Morgan, asesor legal de PPC, sostuvo que no es competencia de la Asamblea debatir las cláusulas de equiparación para el otorgamiento del incentivo fiscal a la empresa. "No se está modificando ningún artículo de la ley existente, al igual que se hizo cuando se canceló el contrato de la Refinería con el Estado", agregó.
Sostuvo que la ley que rige la actividad portuaria en nuestro país es una ley general, dictada por la Asamblea Legislativa y que sirve de marco de referencia para el Ejecutivo. Mientras, el ministro Jácome volvió a justificar la decisión a favor de la PPC, alegando que su decisión tiene fundamento de derecho jurídico.
El titular de Comercio manifestó que las razones de tipo económico que motivaron al Consejo de Gabinete a autorizar esta equiparación, tienen que ver con la intención de la empresa de invertir B/.200 millones en el puerto de Balboa y aproximadamente B/.40 millones en el de Cristóbal.
Según Jácome, los directivos de la PPC le manifestaron que en las condiciones actuales del contrato, no era viable realizar la inversión que pretenden para aumentar el manejo de cargas que actualmente es de 450 mil contenedores y con la inversión se proyecta duplicarlo.
Señaló, que la decisión del gobierno estuvo basada también en preservar el Ferrocarril de Panamá, cuya capacidad actual para el transporte de carga es limitado, lo que lo está condenando a "morir en su cuna".
"El ferrocarril sólo está funcionando en un 10% y la falta de ampliación del puerto de Balboa dificulta que esta inversión de B/.70 millones pueda seguir generando dividendos para el país", añadió.
Para asegurar el cumplimiento de la inversión, los directivos de PPC remitieron el 8 de abril una carta de intención y otra carta de compromiso como garantía de realizar las mejoras a las instalaciones portuarias.
Jácome compareció ayer ante la Comisión de Comercio y respondió un cuestionario de 15 preguntas relacionadas a este incentivo fiscal otorgado a la PPC, y comunicó que el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, fue designado por la presidenta Mireya Moscoso como representante del gobierno en la directiva de esta empresa portuaria.
En su exposición ante los legisladores, el titular de Comercio negó que el Estado vaya a perder B/.1,200 millones. "Con esta ampliación de los puertos en ambas costas, si bien se cree que puede haber una pequeña disminución fiscal, el aporte directo a la economía puede estar en B/.200 millones anuales", afirmó.
En materia laboral, añadió que la inversión de la PPC generará mil empleos en los próximos dos años. Jácome sostuvo que existen cerca de ocho empresas navieras que quieren llegar a puertos panameños y que no lo pueden hacer, porque la capacidad del puerto de Balboa es muy limitada. |