El ex procurador de la Nación José Antonio Sossa y el ex secretario de la entidad, José María Castillo, reconocieron que tras la reforma constitucional del 2004 se le prohibió al Ministerio Público la facultad de intervenir o "pinchar" teléfonos durante las investigaciones.
No se permitió hacer ninguna escucha telefónica, y en este sentido, la decisión fue acatada por los ex funcionarios de la Procuraduría, Rigoberto González, Danilo Quintanar, el propio Sossa y Castillo, informó el abogado Ángel Álvarez, quien actúa como querellante en el proceso contra la separada procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Trascendió que Sossa, durante su declaración jurada, explicó que aunque no estaba de acuerdo con la reforma del Artículo 29 de la Constitución, reconoció que se perdió la facultad de intervenir los teléfonos en operativos especiales.
Sossa estuvo preocupado en su momento por no poder obtener la decisión de "pinchar" teléfonos.
José María Castillo también aceptó que en el 2004 se perdió esta herramienta.
A la procuradora Gómez se le investiga por haber interceptado una llamada telefónica del ex fiscal Arquimedes Sáez en una operación encubierta por un caso de supuesta corrupción, por lo que enfrenta un proceso en la Procuraduría de la Administración.
