El abogado defensor de los funcionarios de la Junta Comunal de La Palma, investigados por supuesta emisión de subsidios escolares con fines políticos, Antonio Vargas De León, denunció ayer la comisión de una serie de irregularidades durante las diligencias efectuadas por los funcionarios Fiscalía Electoral (FE).
Según el jurista, se le han tomado declaraciones a unas 40 personas en Darién, donde la mayoría tiene algún tipo de afinidad política con el candidato denunciante del PRD, Jovany Castillo.
Vargas De León expresó que en las diligencias indagatorias practicadas el pasado 19 y 20 de mayo por la FE están "viciadas", por lo que indicó que solicitará descartar los testimonios de las personas a las que denominó "testigos sospechosos".
Sostuvo que los funcionarios de la FE aceptaron tomarle declaraciones a personas que no aparecían en la lista de testigos y que de forma coincidental pertenecen al PRD.
Expresó que solicitará a la FE iniciar un proceso penal en contra de los supuestos testigos, debido a que han falseado declaraciones y admitido haber cometido un delito electoral al condicionar su voto por un favor político.
El abogado defensor de Sixto Lay y Nicolasa López, presidente y tesorera de la Junta Comunal de La Palma, advirtió que los cargos de "compra de votos" contra sus defendidos son falsos.
El abogado indicó que es falso que dentro de las investigaciones se haya comprobado que los subsidios escolares se entregaran a cambio del favor político del voto.
Igualmente, Vargas De León negó que sea cierto que la Junta Comunal de La Palma no existe e indicó que la misma opera en la Casa del Campesino.
El jurista manifestó que no existe lazos familiares o de afinidad entre Sixto Lay, Nicolasa López y la legisladora Haydeé Milanés de Lay. Vargas De León sostuvo que tampoco existen vínculos laborales entre López y la parlamentaria.
