Los incrementos de la tarifa del servicio de energía eléctrica se convierten cada seis meses en un problema que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y la rentabilidad de las empresas, además de ser un limitante para la competitividad de nuestro país frente a naciones que mantienen criterios estatales en esta actividad. El precio por kilovatio en Panamá es más alto que en otros lugares y un ejemplo de esto es nuestra vecina Costa Rica.
Hace tres períodos presidenciales surgió la iniciativa de crear un Ente Regulador de los Servicios Públicos y hasta el momento no ha sido evaluado para conocer los ajustes necesarios que frenen esos semestrales aumentos de la tarifa de energía eléctrica, cuyo incremento programado para el próximo mes de julio será del diez por ciento. Esto equivale a ir del veinticinco al treinta y siete por ciento desde el año 1999 en estos ascensos.
La situación ha sido tal que los tres comisionados de la entidad, Carlos Rodríguez, Nilson Espino y José Galán Ponce han reconocido que en el pasado ha sido el trato elástico dado a las empresas encargadas de la actividad. De allí que el ministro de Economía, Ricaurte Vásquez haya manifestado que es tiempo de revisar lo concerniente a esta materia.
Sin embargo, un detalle curioso es que el sesenta por ciento de la energía en nuestro país es proveniente de sus recursos hídricos y no del consumo de petróleo, sustancia a la que se vinculan los aumentos. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el problema?
Para los expertos el problema no se encuentra en la ley ni en la concesión, sino en la reglamentación que obliga al Ente Regulador a aprobar o desaprobar estos aumentos presentados por las empresas distribuidoras y comercializadoras de la electricidad y en la falta de política energética.
Según los especialistas, el Ente no realiza auditorías sobre los costos de producción de las generadoras que fijan sus precios por las fluctuaciones del precio del petróleo y el factor de riesgo ocasionado por las sequías.
Estos criterios contradicen el proyecto nacionalista de desarrollo del desaparecido general Omar Torrijos, cuya visión captó el peligro de depender de un recurso externo como lo es el petróleo e impulsó una política energética basada en la construcción de hidroeléctricas.
De nada vale construir más represas o realizar interconexiones con los países limítrofes, si los operadores económicos juegan a la libertad de precios o competencias, porque estaríamos "globalizando" la riqueza para estas empresas extranjeras y extendiendo la pobreza en el pueblo panameño.
Ante este panorama, las condiciones están dadas. El país, el Ente Regulador, el Ministerio de Economía, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo coinciden en que ha llegado el momento de revisar esta situación para frenar la especulación disfrazada de libre oferta y demanda. El Ente Regulador debe modificar su forma de operar hacia la fiscalización de este proceso productivo.
