Una de las pocas condenas impuesta en Panamá por abuso de autoridad en el ejercicio de funciones públicas, fue dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en contra del juez tercero municipal, Máximo Mojica.
El Segundo Tribunal impuso una condena de 12 meses de prisión a Mojica y simultáneamente lo inhabilitó por el mismo período para ejercer funciones públicas y cargos de elección popular, así como el derecho activo y pasivo del sufragio electoral.
La decisión del tribunal surgió el revocar un fallo absolutorio en apelación favorable a Mojica, a quien se le comprobó la comisión de irregularidades en la tramitación de varios expedientes llegados a su despacho desde el 4 de enero de 1999 al 29 de diciembre de 2000.
Mojica se encuentra separado de su cargo.
