El gobierno boliviano enfrenta un momento crucial, en medio de protestas sociales que amenazan con derribar al presidente Carlos Mesa.
La policía dispersó con andanadas de gas lacrimógeno a cientos de manifestantes que intentaron tomar cerca del mediodía del lunes la sede del Congreso de Bolivia, en vísperas de la reanudación de los debates sobre la ley petrolera, mientras se realizan tres marchas simultáneas de protesta en el país.
Las escaramuzas se registraron a 200 metros de La Plaza de Armas, en la intersección de las calles Sucre y Junín, donde manifestantes, indígenas y campesinos en su mayoría, abrieron una brecha y estuvieron a punto de ganar la céntrica plaza Murillo, fuertemente custodiada por policías y militares.
La policía, que empleó carros cisterna lanzaagua contra manifestantes, tendió un cerco a unos 500 metros alrededor de los palacios de la democracia boliviana y ordenó evacuar el edifico Legislativo, donde se había previsto la reunión del Congreso.
EVO Y SU MARCHA
A unos 200 kilómetros de esta ciudad, en la localidad de Caracallo, otro grupo de campesinos y cocaleros seguidores del diputado izquierdista Evo Morales también iniciaron una larga caminata hasta La Paz para demandar el presidente Carlos Mesa la aplicación de un 50% de impuestos y regalías a las empresas petroleras.
En tanto, los maestros de escuelas estatales iniciaron un paro indefinido en las ciudades reclamando un aumento salarial y en apoyo a las demandas para estatizar los yacimientos de gas, declaró a una emisora el dirigente Jaime Rocha.
Esta nueva ofensiva de los sindicatos encuentra al presidente Carlos Mesa debilitado tras el fracaso de su llamado a un diálogo de unidad nacional.
La negativa del mandatario a promulgar la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso activó la protestas.
Esa ley, que eleva al 32% los impuestos a las petroleras y les obliga a modificar sus contratos, ha sido calificada por el mandatario como un factor que ahuyentará las inversiones extranjeras.