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Gobierno argentino no tolerará actos de intimidación y resta importancia a paro sindical
Agencias
Internacionales
El gobierno restó ayer importancia al paro dispuesto por un sector sindical para el viernes y advirtió que no tolerará actos de intimidación o violencia por parte de sus organizadores. El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, dijo que esa medida de fuerza, decretada por el llamado "sector combativo" de la escindida Confederación General del Trabajo (CGT) "no va a tener impacto" en la actividad económica y que "no entendemos" sus motivaciones. A su vez, el ministro del Interior, Federico Storani, anunció a la prensa que las autoridades no tolerarán "la utilización de la violencia y la intimidación para evitar el libre tránsito" por parte de los organizadores. La "CGT combativa" convocó al paro en protesta por la aprobación en el Congreso del proyecto gubernamental de reformas a la legislación laboral. A ese motivo central el líder del sector, Hugo Moyano, dirigente del gremio de camioneros, agregó ayer un petitorio de cinco puntos, que comprende subsidios para un millón de jefes de familia desocupados, la convocatoria al Consejo del Salario, aumento de los salarios mínimos y medidas arancelarias proteccionistas en defensa "de la producción y el trabajo nacionales". "En cuanto a ese petitorio, son una serie de medidas que reclamarían otro estado de bienestar. No está actualmente la Argentina en situación de acceder a muchas cosas con las que estaríamos de acuerdo, pero que el déficit presupuestario proyectado de 11.500 millones de dólares para el año 2000 no permiten atender la cantidad de subsidios que plantean esos reclamos", dijo Flamarique. Ayer, el ministerio de Trabajo anticipó que no proyecta declarar ilegal esa medida de fuerza, que se cree tendrá solamente repercusión en un sector del transporte. Esta mañana el otro grupo de la CGT, llamado "moderado" o "dialoguista", informó que no adherirá al paro, pero que dejará en libertad de acción a sus sindicatos. Flamarique defendió ayer el controversial proyecto laboral del gobierno, oficialmente denominado "Nueva ley de empleo estable". La Cámara de Diputados, que lo aprobó en primera instancia, se reunirá posiblemente mañana para considerar el texto que votó el Senado, introduciendo algunas modificaciones. Flamarique dijo que uno de sus objetivos centrales es la promoción del empleo estable, ya que en la Argentina uno de cada dos asalariados trabaja en la "informalidad" o en "negro", sin estar registrados ni hacer aportes a la seguridad social. Calculó su número en 2,5 millones de personas en el sector privado, cifra que abarca a un millón y medio de trabajadores autónomos, 500.000 trabajadores rurales y un millón de empleados domésticos. El otro objetivo es "la reinstitucionalización, con fuerza, de la negociación colectiva de salarios, mediante su descentralización y diversificación", solucionando el problema de convenios laborales que datan de 1975, renovados indefinidamente. Flamarique negó enfáticamente las denuncias de sectores sindicales de que la ley busque, en realidad, cancelar ventajas gremiales, hacer precarias las condiciones de trabajo y alentar la disminución de salarios.
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