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La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes una ley que dicta la encarcelación obligatoria para los inmigrantes que han delinquido, mientras las autoridades intentan deportarlos. El fallo ha causado gran polémica porque no se trata de inmigrantes ilegales, sino de residentes legales en EE.UU. que han cometido algún crimen, como robo. Esta ley, además obliga la detención incluso después de que el imigrante haya salido en libertad tras haber cumplido su condena en prisión.
Según los grupos que defienden las libertades civiles la ley le concede al gobierno poderes de detención sin precedentes, y viola el derecho a los residentes de este país a una defensa parecida a la de sus ciudadanos. Pese a la polémica, por votación 5-4, la máxima instancia judicial consideró que la ley, aprobada por el Congreso en 1996, está de acuerdo con el derecho constitucional.
"Sostenemos que el Congreso, justificadamente preocupado porque los extranjeros delincuentes deportables que no estén detenidos continúen involucrados en delitos y no comparezcan a... sus audiencias en grandes cantidades, podría requerir que (tales) personas... sean detenidas", escribió el presidente de la Corte, William Rehnquist, en un argumento de 20 páginas.
CASO DE HYUNG JOON KIM
El caso se trataba de Hyung Joon Kim, un ciudadano surcoreano que llegó a EE.UU. a los seis años de edad en 1984. Desde los ocho años se convirtió en residente permanente, pero ya de adolescente, en 1996 y 1997 fue condenado por robo.
Tras cumplir su condena, un día después de su liberación, las autoridades de inmigración lo detuvieron sin derecho a fianza en espera de su audiencia de deportación. Kim, tras más de tres meses detenido, presentó una petición para un recurso de hábeas corpus en 1999, alegando que la cláusula de la ley (de negar el derecho a fianza) violaba sus derechos constitucionales.
En un largo proceso judicial, varios jueces, incluyendo la corte de apelaciones le dieron la razón a Kim, pero este martes, la Corte Suprema rechazó estos argumentos y apoyo la posición del Departamento de Justicia. |
